CONTADURIA

El proceso de privatización debe contemplarse desde la perspectiva de ver hasta donde es capaz de llevar a cabo la consecución de sus dos objetivos más importantes, que son: el mejoramiento de la situación financiera del Estado, y el incremento de la asignación y la eficacia productiva de la economía. El logro de estos dos efectos macroeconómicos puede muy bien reflejar la situación financiera y competitiva de cada una de las empresas en particular.

a) Efectos sobre la eficiencia económica de la empresa.

En primer lugar, desde el punto de vista teórico, puede alcanzarse la conclusión de que los mecanismos del mercado de capitales y la exigencia de obtener unos beneficios para satisfacer a los accionistas, constituyen un sistema más seguro y rápido para estimular la rentabilidad de una empresa, y no la concesión de subvenciones e inversiones realizadas por el gobierno, que a falta de su coherencia, en la mayoría de los casos, suelen ser dirigidas a satisfacer necesidades políticas a corto plazo, más que a motivos de rentabilidad a largo plazo. Además, al ponerse en práctica una gestión del personal más flexible y eficaz, y al enfrentarse también competitivamente con otras empresas del sector, constituyen factores, que contribuyen a una mejor eficiencia operativa y económica de la empresa.

Sin embargo, en la práctica, no se puede formular con carácter general el principio de que el sector público sea más ineficiente que el sector privado; lo que ocurre es que el primero se encuentra mediatizado en su actuación por una serie de factores políticos extraeconómicos, incluso conflictivos entre sí, la mayoría de las veces. Por otra parte, no pueden aplicarse métodos científicos de comprobación generalizada, puesto que resulta imposible que la prestación de un mismo servicio sea gestionada a la vez por el sector público y el sector privado y en las mismas circunstancias, por lo que la diferencia en el rendimiento puede ser debida a factores exógenos a la economía.

Lo único que puede decirse, en términos objetivos, es que los burócratas tienen menos probabilidades de gestionar correctamente una empresa, que los empresarios del sector privado. Pero, como sucede en las principales cuestiones políticas, ésta afirmación es más materia de opinión que principio general riguroso.

b) Efectos sobre la situación financiera del Estado.

Es evidente, que la privatización consiste no solo en un programa político y económico, sino que también supone una transacción financiera. Y esta transacción financiera puede revestir diversas características y ser de una cuantía y magnitud muy diferentes.

En muchas privatizaciones, la cantidad de dinero que pasa del sector privado al público es muy pequeña, y las ventajas financieras para el Gobierno son muy a largo plazo y casi intangibles. Pero, sin embargo, en las ventas importantes de bienes públicos tienen un efecto inmediato y directo sobre el presupuesto fiscal y la deuda pública. En efecto, en la práctica, las principales ventas que se han realizado, tales como British gas, en Gran Bretaña, Paribas, en Francia, etc..., el impacto presupuestario inmediato fue enorme.

Sin embargo, una vez realizada la venta, sus resultados deben incluirse inmediatamente en el presupuesto, con el fin de evitar serios problemas financieros para el Gobierno. Caso de no hacerse así, puede originarse un ritmo en el proceso de privatización artificialmente alto, que desemboque, en ocasiones, en un cierto despilfarro financiero.

c) Efectos sobre el mercado de capitales.

En primer lugar, todo proceso de privatización genera una enorme expansión de los mercados financieros, al introducirse en él nuevos inversores.

En segundo lugar, otro efecto positivo de la privatización, consiste en que el volumen de capital del mercado de valores ha experimentado un enorme auge que ha cristalizado en un aumento de las carteras de inversión de las entidades financieras, y en una capitalización general del mercado.

Finalmente, otro tercer efecto positivo del proceso de privatización, estriba en la profundización del mercado, permitiendo el acceso o introduciendo en el mismo, a compañías privadas, que de otra forma no podrían acudir a él. La disponibilidad de fondos de financiación, se ha incrementado enormemente en aquellos países en los que se han llevado a cabo las privatizaciones.

Por último, simplemente poner de relieve que en todo proceso político de poner en marcha la privatización, debe de fomentarse y estimularse que los activos públicos en venta se distribuyan entre el mayor número posible de nuevos inversores, y esto, no por razones de justicia y expansión del mercado solamente, sino, sobre todo, por propio interés político y económico para que el proceso privatizador pueda llevarse a cabo, favoreciendo la creación de grupos de intereses comprometidos directamente en el proceso de privatización.

d) Efectos sociales de los programas de privatizaión.

Su principal objetivo social consiste en incrementar el nivel de bienestar social, evitando la existencia de desequilibrios regionales. Entre estos objetivos redistributivos figuran la consecución de precios bajos, proporcionar salarios elevados, etc. Sin embargo, como norma general, puede afirmarse que las empresas estatales han fracasado en llevar a feliz término esta función social, especialmente, en lo que se refiere a las clases más económicamente débiles y desprotegidas.

Por otro lado, los efectos sociales de la provisión de bienes y servicios por empresas privadas puede encontrarse condicionada por las siguientes razones:

En primer lugar, si las ganancias derivadas de la reducción de los costes van a revertir a favor del consumidor o de los nuevos propietarios de la empresa, va a depender, tal como expresa la teoría microeconómica, del grado de competitividad al que la empresa privatizada se encuentre sometida.

En segundo lugar, la reducción de los costes de la empresa como consecuencia de la modernización de las técnicas de producción y de la reducción de los salarios en el reajuste realizado, se traducirá en una simple transferencia de renta de los empleados de la empresa a los consumidores del bien producido.

Y finalmente, el Estado utiliza frecuentemente a las empresas públicas para suministrar ciertos bienes de alcance general, tales como productos alimenticios básicos, agua, carbón, energía petrolífera, etc. o determinados servicios tales como el transporte por ferrocarril, transporte urbano, etc., pero a precios subsidiados, y por lo tanto, artificialmente bajos. En estas circunstancias, la privatización no conduce a un descenso de los precios, sino más bien a un ahorro en las cargas del presupuesto nacional. Esto puede permitir al Gobierno la posibilidad de utilizar estos recursos financieros en proyectos de tipo social, tales como la educación, la vivienda, y prestaciones sanitarias. Todo ello, no son más que consecuencias debidas al proceso de privatización.

Por otra parte, otro aspecto muy importante del impacto social de la privatización, consiste en que se la ha utilizado como mecanismo para transformar a los trabajadores en propietarios de las empresas en las que desempeñan su trabajo. Esta extensión de la propiedad de la empresa entre sus propios trabajadores ha sido bastante considerable en Gran Bretaña.