CONTADURIA

CONSECUENCIAS DE LAS PRIVATIZACIONES

2011-04-25T18:19:00.000-07:00

Bajo la presidencia de Carlos Menem se vendieron empresas del estado a empresas privadas extranjeras a bajo costo, haciendo que fluya mucho dinero pero a largo plazo esto produjo desempleo (ya que al venderlas sin poner una restricción les daba libre control de la empresa).

La privatización abarcó empresas productivas y de servicios, activos públicos como las reservas petroleras, actividades de regulación y hasta de control social como la emisión de documentos de identidad.

Una de las particularidades de este proceso fue el rápido ritmo con que se llevo a cabo.

Existía un gran interés por parte de los acreedores externos para los cuales las empresas públicas eran la mejor opción para hacer efectivo una parte del capital adeudado a través de la capitalización de la deuda, abrir nuevas áreas de inversión ocupando mercados hasta ese momento abastecidos por el Estado, y consecuentemente multiplicar sus ganancias.

Cabe destacar que todo el proceso de privatización se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de los organismos financieros internacionales (FMI, BID, Banco Mundial).

Se esgrimieron cuatro tipos de argumentos en favor de las privatizaciones.

El primero tenía que ver con la necesidad de reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones servirían para bajar ese déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte del pago de la deuda externa. Asimismo, el hecho de pagar parte de la deuda, daría señales favorables de cambio de rumbo a los agentes económicos y a los gobiernos de los países desarrollados, obteniendo así el apoyo de los acreedores externos y un incentivo para los grupos interesados a nivel local.

El segundo argumento, ligado íntimamente al anterior, giraba en torno de la necesidad de estabilidad. La hiperinflación sufrida durante el período que precedió a las privatizaciones fue la herramienta fundamental del gobierno para actuar de manera acelerada en este proceso. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y por eso, cuanto mas rápido se privatizara, se reduciría el déficit público y volvería la estabilidad.

En tercer lugar se argumentaba que el Estado no tenía capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar las obras de modernización, con lo que el aporte del capital privado aseguraría el mejoramiento del sistema.

Por ultimo se afirmaba que el estado era incapaz para administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción y en consecuencia no podía brindar buenos servicios.

Dos leyes aprobadas en el Congreso, fueron las que abrieron camino e hicieron posible el rápido programa de privatizaciones. La primera, de Reforma del Estado, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos de control, dividir las empresas y privatizarlas. Así se concentró el poder de decisión en el Poder Ejecutivo y se suprimieron los Organos de Control. La segunda ley, llamada de Emergencia Económica, derogó las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional. El camino que llevo a la entrega del patrimonio nacional quedo allanado.

Para reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su venta las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos impuestos a los oferentes fueron de tales que sólo quedaban espacio para que se presentaran los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

Se consideraron prioritarios tres sectores: Energía, Comunicaciones y Transportes.

Podemos analizar las consecuencias según cuatro grandes áreas:

Sobre la propiedad:

Esta es la consecuencia mas evidente del proceso de privatización que tiene que ver con el pasaje de la propiedad del estado de sectores estratégicos de la economía a manos privadas. Este pasaje produjo grandes cambios estructurales en la propiedad, concentrando y consolidando la presencia de los grandes grupos económicos. Asimismo acentuó la tendencia a la asociación entre esos grandes grupos económicos locales con los grandes capitales extranjeras.

La reconversión de la empresa:

Tiene implicancias directas sobre los trabajadores.

Se perdieron los derechos que tenían como trabajadores públicos como la estabilidad en el cargo.

Se produjo una fuerte reducción de los planteles por la vía de los llamados retiros "voluntarios" para los cuales las empresas destinaron enormes sumas de dinero. Esto da cuenta de la importancia estratégica que las empresas le otorgaron a la reducción de personal. Esto fue acompañado por un proceso de sustitución del personal con mas antigüedad en la empresa cuya experiencia sindical y política no era deseada.

Cuando el retiro voluntario no era aceptado por los trabajadores convocados se iniciaba una campaña persecutoria o discriminatoria contra ellos, se los trasladaba a zonas alejadas de sus hogares o a otros sectores de trabajo con tareas desconocidas o disgustantes (para usar un termino utilizado por algunas empresas), o bien colocados en estado disponibilidad sin tarea asignada, con lo que se inducía un gran desgaste psicológico destinado a hacerlos aceptar el retiro "voluntario".

De esta manera se conseguían renuncias evitando los despidos y el costo político que ellos implicaban. El porcentaje promedio de reducción de puestos de trabajo en las principales empresas privatizadas hasta 1997 alcanza el 57%. (Ver cuadro 1 al final del documento).

En tercer lugar, el aumento del horario de trabajo y de los ritmos habituales por medio de introducción de nuevas tecnologías o simplemente imponiendo otras pautas de producción.

En cuarto lugar, se aplican nuevos y diversos contratos flexibles, por tiempo determinado, pasantías, con salarios flexibles que incluyen pagos por productividad, entre otros.

Por otra parte se da un fuerte proceso de tercerización de ciertos sectores de la producción que antes estaban integrados a la empresa, lo cual se constituye en una fuente de fragmentación y precarización del colectivo de trabajo.

Por último, las empresas privatizadas se apuraron la firma de nuevos convenios colectivos que destruyeron viejas conquistas e introdujeron nuevas formas de explotación y control del trabajo como la polivalencia.

Estas son algunas de las cuestiones que hacen a la reconversión de las empresas que afectan directamente las condiciones de trabajo, la salud y la unidad de los trabajadores.

La desnacionalización.

La extranjerización de las áreas privatizadas es muy fuerte y evidente. Las telecomunicaciones quedaron en manos de capitales públicos españoles, franceses e italianos ; la distribución de gas de la Capital en manos británicas ; la generación y distribución de electricidad, capitales provenientes a su vez de la privatización de la seguridad social chilena ; la red cloacal y de agua, franceses. El escritor Eduardo Galano ironizó este proceso de desnacionalización al definir las privatizaciones como "la transacción mediante la cual el estado argentino pasa a ser propiedad del estado español".

Por un lado, las empresas públicas en nuestros países se extranjerizan, y por otro las empresas públicas de los países centrales se amplían y expanden. Según la Corporación Financiera Internacional, las 2/3 partes de las privatizaciones a nivel mundial se realizaron en América Latina.(Ver Cuadro 2 al final del documento)

La desregulación:

En este punto lo central fue introducir el concepto de competencia en el sector. Para eso se busco eliminar la prestación monopólica del servicio creándose un mercado mayorista y otros minorista para la compra-venta del fluido. La desregulación habilita la competencia entre las empresas y lleva a una búsqueda espectacular de reducción de costos. La desesperación por reducir costos sumada a la falta de control efectivo amenaza la calidad y seguridad en la prestación del servicio eléctrico, como lamentablemente hemos podido comprobar en nuestro país. La estrategia de las empresas consistió en obtener ganancias rápidamente sin reinversión.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRIVATIZACIONES EN ARGENTINA

2011-04-25T18:18:00.001-07:00

Tanto los gobiernos de los presidentes Alfonsin como Menem han manifestado una voluntad política de efectuar privatizaciones, pero sin que hayan existido unos planes específicos al respecto plasmados en normas legales, a diferencia de países como México o Chile. En la década de los 80’ las privatizaciones efectuadas afectaron tan solo a cuatro empresas publicas procedentes de antiguas empresas privadas en crisis, mientras que el numero total de empresas publicas superaba las 300, si bien la mayoría de ellas de pequeña entidad.

El objetivo preferente perseguido por el gobierno, a juzgar por las actuaciones realizadas a lo largo de los últimos años, no parece haber sido tanto recaudatorio como de intento de mejora de la gestión de determinadas empresas de servicios públicos, mezclados, eso si, con el de la reducción de la deuda externa.

Las operaciones más importantes en este sentido las ha llevado a cabo el gobierno de Menem, que se inicio en las privatizaciones vendiendo el 60 % del capital de la compañía telefónica, ENTEL, que ha pasado a estar controlada por dos sociedades, una (Telefónica de Argentina) liderada por la Telefónica española, y otra (Telecom Argentina) liderada por France Telecom. Y la italiana STET. La operación se realizo ligada a una reducción de la deuda externa argentina.

Igualmente a finales de 1990 la compañía española Iberia adquirió íntegramente Aerolíneas Argentinas y una parte importante del pago consistió en que Iberia se hiciese cargo de 20.000 millones de dólares nominales (un importe una cinco veces inferior en precio efectivo) de deuda publica argentina.

A esto ha seguido la venta en 1992 de la compañía eléctrica estatal Edenor a un consorcio liderado por la francesa EDF y la española Endesa (curiosamente ambas publicas), por un importe de 428 millones de dólares, de los cuales el 70 % en forma de absorber también deuda publica exterior, y la venta de la otra compañía eléctrica Edesur a un grupo argentino. Las otras privatizaciones importantes en el bienio 1991-92 han sido: una empresa de astilleros (adquirida por la francesa Brisard), una cadena de televisión, varias empresas petroquímicas, diversos pozos de petróleo y la compañía estatal de distribución de aguas, Obras Sanitarias de la Nación.

Los planes privatizadores del gobierno son, no obstante, más amplios aun. Se han privatizado a partir de 1993,entre otras, a las siguientes empresas públicas: Gas del Estado, que ostenta al monopolio de suministro para el area de la capital y a cuya compra opta la francesa Gas de France; tres gaseoductos; concesiones petrolíferas; líneas de metro; ferrocarriles de cercanías; la empresa siderurgia Somisa y hasta el propio servicio de correos, Encotel.

Como puede verse, junto a la política del gobierno de Menem de llegar a la privatización de las empresas publicas más clásicas (ferrocarril, metro, correos), destacan dos aspectos en el caso de Argentina: por una parte que las grandes operaciones de privatización se han efectuado vendiendo las empresas a compañías extranjeras publicas (las españolas Telefónica, Iberia y Endesa y las francesas EDF y pago acodado ha consistido en que la compradora extranjera asuma el pago de títulos de la deuda externa argentina. Una suma pues de dos objetivos: el de racionalizacion/potenciacion de las empresas, al dar entrada a grupos industriales extranjeros del mismo sector, que asumen la gestión de las empresas privatizadas; y el objetivo recaudatorio de reducir la deuda publica externa.

PRIVATIZACIONES EN EL GOBIERNO DE ALFONSIN

2011-04-25T18:09:00.000-07:00

Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983, luego de un largo período de gobierno de facto, por lo que fue el primer gobierno democrático luego del golpe militar de 1976. La gente estaba contenta con la vuelta a la democracia, pero la situación que heredaba no era fácil y, si bien contaba con la mayoría en la cámara de diputados, el justicialismo controlaba el senado.

Durante el primer año, el gobierno de Raúl Alfonsín no acertó con la política económica adecuada ni pareció advertir la magnitud de los problemas, que estallaron finalmente bajo la forma de una inflación descontrolada. El primer ministro de economía, Grinspun, intentó mejorar los salarios y , mediante los créditos, reactivar el mercado interno y poner en movimiento el aparato productivo. En septiembre de 1984, esta política llegó a su fin al implementar la devaluación de la moneda.

En junio de 1985, luego de Sourrouille reemplazó a Grinspun en la cartera de economía, la economía estaba al borde de la hiperinflación, Sourrouille lanzó el Plan Austral, que inicialmente alcanzó un gran éxito: la economía se estabilizó sin hacer grandes ajustes.

El Plan Austral era un plan de Reorganización Económica: el Banco Central cesó de emitir para financiar el déficit del Estado y se creó un nuevo signo monetario, el "Austral", equivalente a 1000 pesos argentinos y a 0.80 dólares. Luego de conocer un aumento del 22%, se congelaron los precios y salarios y se eliminaron todas las cláusulas de indexación. La clavel del llamado Plan Austral estaba en derrotar la inflación y generar confianza en una economía estable. El éxito fue notable: la opinión pública lo acompañó solidariamente y hasta los sindicatos lo respaldaron. La inflación bajó del 30% mensual a sólo el 2% y hubo una reactivación del consumo. El gobierno no aprovechó la tregua para encarar soluciones de fondo y, al cabo de un año, reaparecieron las presiones inflacionarias.

Alfonsín reconoció que el principal objetivo de la política económica era obtener la "megaestabilidad", y que ésta se obtenía actuando sobre las causas múltiples: monetarias, fiscales y de expectativas. Una vez producida esta sólo se podía seguir avanzando produciendo cambios estructurales, la reforma del estado, la apertura económica y logrando el equilibrio en los sectores fiscal y externo .El Plan Austral falló en la segunda etapa de cambios estructurales. El principal error fue el no haber avanzado con las reformas estructurales necesarias en la reducción de la dimensión del Estado y una reforma fiscal de importancia.

En 1986 Sourrouille propuso un Plan de Privatizaciones, pero no consiguieron avanzar demasiado por la oposición de los legisladores justicialistas en el Congreso. En junio de 1987, el equipo económico expuso el primer programa de reformas estructurales, sobre las que se trabajo en 1988 con el apoyo del Banco Mundial. Con Terragno como Ministro de Obras y Servicios Públicos, sólo se logró la privatización de la línea aérea Austral. La venta del 40% de Aerolíneas Argentinas, así como la privatización de ENTEL no lograron la aprobación del Congreso, en el que la discusión política superó las razones económicas.

En la década de los 80 las privatizaciones efectuadas afectaron tan sólo a cuatro empresas públicas procedentes de antiguas empresas privadas en crisis, mientras el total de empresas públicas superaba las 300, si bien la mayoría de ellas de pequeña entidad.

XII. Proceso de privatizaciones en la década menemista

Crisis de Estado

La década de 1970 es en el ámbito internacional el momento de la ruptura con la forma de desarrollo social y económico que supone al Estado como factor principal de ese crecimiento. La crisis del Estado acompañada con la del petróleo produce un decrecimiento económico y un aumento del desempleo y la inflación. Esto da pié a que las teorías económicas clásicas que se habían visto ocultadas por el éxito del Welfare State resurjan en toda su gloria al salvataje (así como lo hacen las religiones que ocultas por un Estado represor, despiertan con toda la furia de los extremismos).

Así, la década del 80 (la década perdida) ya ve hacer efectiva en esta política económica llamada neoliberal (Reagan en los Estados Unidos, Tacher en Inglaterra) de coordinación de la economía a través del mercado. La crisis en Latinoamérica – y particularmente en la Argentina – encuentra hacia finales de la década una síntesis de la crisis manifestada en procesos hiperinflacionarios. Un gasto que desborda al ingreso; un proteccionismo que distorsiona la competitividad de las nuevas industrias; un gasto social que subvenciona a los sectores medios en desmedro de los más pobres; una burocratización ineficaz que inhibe cualquier esfuerzo innovador, es la crisis final del último intento de ser de un Estado que bajo esa perspectiva juega en contra del desarrollo económico y se interpone al avance de la lógica de mercado.

En respuesta a la ortodoxia neoclásica que tampoco brinda respuestas satisfactorias durante la década del 80, surgen distintos enfoques que buscan determinar las causas de la crisis y plantear una solución para las mismas. Con mirada hacia Latinoamérica, tenemos referencia de dos enfoques: el "consenso de Washington" y el de Crisis fiscal.

Consenso de Washington

Este puede ser tratado como el enfoque que más se aferra a la cultura liberal. Apunta a conciliar la lógica del orden económico de acuerdo a las especificidádes de cada economía Latinoamericana. Encuentra entre las causas de la crisis un excesivo crecimiento del Estado, traducido en proteccionismo, exceso de regulación y empresas estatales ineficientes y numerosas; así como un "populismo económico", definido por la incapacidad de controlar el déficit público y de mantener bajo control las demandas salariales en el sector privado y público.

Su propuesta como solución a la crisis supone dos aspectos. En primer lugar establecer la estabilidad macroeconómica. Esta se logra a través del a) control de la inflación: la producción se ve entorpecida si el sistema de precios se encuentra fuera de control; b) control del déficit fiscal: es una de las causas del punto a. El Estado gasta más de lo que gana, es "benefactor"; c) equilibrio de la balanza de pagos: consiste en la reducción de la inflación y del gasto público; y d) estabilidad del tipo de cambio: variable clave para una economía que se disponga a apuntar al sector externo y a generar confianza.

Como aspecto de la reforma estructural piensa en a) privatizaciones: apunta a la lógica fiscal del ahorro estatal; b) desregulaciones: tasa de interés desregulada, libre al mercado, a la "ley de oferta y demanda"; y c) apertura de la economía: a ella se asocia la libre competencia que apareja el aumento de la competitividad y su consecuente mejora de calidad y precios.

Pueden señalarse como principales críticas a este enfoque su ahistoricidad, ya. que evitan establecer contacto con el desarrollo de los hechos.. Por otro lado en ningún momento hace mención a la deuda de los Estados, tanto interna como externa.

Crisis fiscal

El enfoque de la crisis fiscal enfrenta el problema dando mayor presencia al Estado del que le da la opción anterior. Si bien ve también una crisis en el Estado a partir de un crecimiento exagerado y distorsionado de éste, aboga por la reconstrucción de éste a partir de que al tiempo que reduce su tamaño se reconstruye como un Estado fuerte.

La principal problemática de los Estados Latinoamericanos en crisis es que se vieron impedidos de su capacidad de ahorro, por lo tanto de inversión social, de infraestructura, de subsidios para el desarrollo industrial. Los cinco puntos que definen la problemática estructural son a) el déficit público; b) un ahorro reducido o bien negativo; c) una deuda pública interna y externa, acarreada de la crisis que comienza en el 70 de los Estados que sostuvieron la situación a través del crédito mientras poseyeron la confianza de los acreedores, muy grande; d) falta de crédito e incapaz de seguir generando deuda pública interna y e) la falta de credibilidad de los gobiernos. Se podría resumir la causa de la crisis en el grave endeudamiento adquirido por los Estados a los efectos de financiar una estrategia "hacia adentro" en lugar de orientarla a las exportaciones.

La solución de esta postura apunta sustancialmente a la reducción de la deuda pública a través de un ajuste fiscal (sobre todo hacia aquellos que pueden pagar) y una reducción de gastos a los efectos de recuperar el ahorro del Estado. Esta recuperación se supone con una cierta prolongación en el tiempo, sin "soluciones mágicas". Por otro lado no adjudica el papel cuasi totalizante del mercado propuesto por la economía liberal, sino una economía de coordinación mixta entre Estado y mercado con una creciente orientación que vaya del mercado interno al externo. Es decir un Estado pequeño pero fuerte, con capacidad de arbitrar el avance ciego del mercado.

Crisis y reforma en el gobierno de Menem

Cuando Menem asume el poder anuncia – y más tarde hace efectivas – una serie de reformas que marcan un vuelco absoluto respecto de la política anunciada en el discurso previo a la ascensión. Podemos pensar que dichas reformas responden en gran medida al enfoque y propuesta del "consenso de Washington" pero en cierta forma alterada. La reforma habría sido aplicada casi con un mínimo de ortodoxia, presentando algunas alteraciones – que en el plano de lo teórico – que no se ajustan estrictamente a dicha propuesta, lo que daría como resultado una forma alterada de la misma. Dichas alteraciones cabría tipificarlas más allá del ajuste necesario – supuestamente – a las condiciones y contexto de cada país; podríamos pensar que responderían a una adecuación de características particulares para los actores de decisión económica que participaron en la reforma, donde desde este plano (el económico), dichos actores se verían beneficiados.

Las condiciones que presenta el Estado en el momento que Menem asume no cubren al menos parte del mínimo de características que debería cubrir el más mínimo de los Estados neoliberales: garantizar la propiedad y el orden interno y la estabilidad de la moneda. La hiperinflación del 89 provocó el colapso de las finanzas públicas, provocando no solo huidas hacia el dólar que potenciaron la situación, sino también "hacia los supermercados".

Podemos presentar los principales puntos de la propuesta del "consenso de Washington" resumiéndolas en dos grupos de medidas: la primera apunta a promover la estabilización de la economía a través del ajuste fiscal y la adopción de políticas liberales de mercado, y la segunda a reducir el Estado.

En términos generales los cambios efectuados por el gobierno de Menem con la prioridad de reducir el déficit fiscal y contener la inflación antes que aumentar la competitividad y productividad de la industria a largo plazo, con lo que se puede pensar que las políticas aplicadas se vieron conducidas por un "apresuramiento".

Entre las primeras acciones se encuentra la de perfilar la ley de Emergencia Económica, produciendo el primer gran corte con la metodología de asistencia estatal al suspender los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones, así como autorizar el licenciamiento y el fin de esquemas salariales de privilegio en la administración pública. Esta política de eliminación de subsidios viene aparejada en la política propuesta por el modelo norteamericano por un aumento de la inversión pública en los ámbitos de salud, educación e infraestructura.

En este aspecto obtenemos una primera alteración del modelo de Washington con respecto a la aplicación del mismo por el cambio del gobierno de Menem. Este aspecto se adecua a la reducción de los subsidios pero no a aquel aumento de la inversión pública que se supone lo acompaña. Si bien aumenta la Inversión en términos generales a partir del año 91 (16,3 % del P.B.I.) llegando al 22 % del P.B.I. en el año 96, la inversión pública sigue el sentido inverso, pasando del 2,3 % del P.B.I. en el año 90 al 0,9 % del mismo en el 93.

Reforma tributaria

Siguiendo el mismo orden de cosas, es menester hacer referencia a la política fiscal como uno de los ejes donde gira la reforma estructural del Estado en el primer período menemista. En este sentido el enfoque del "consenso de Washington" propone la aplicación de una fuerte disciplina (tendiente a eliminar el déficit público) y por otro lado una reforma tributaria tendiente a ampliar la base de la misma. La reforma llevada a cabo en este sentido supone tres aspectos. El primero consiste en la concentración de la estructura impositiva en pocos impuestos, básicamente I.V.A. y ganancias, expandiendo la base del imponible, aumentando las alícuotas y ampliando los mecanismos de agentes de retención (este último manifiesto en campañas publicitarias). Resulta interesante apreciar como esta reforma tiñe al aspecto impositivo de una particular "equidad". Primeramente el I.V.A. lo pagan todos. Para el impuesto a las ganancias, al reducir el imponible, aquel que no tenga cargas de familia ni demás declaraciones puede llegar a pagar el impuesto a partir de los $ 1.500 de ingreso.

El segundo cambio estaría vinculado al aspecto anteriormente descripto (suspención de subsidios) y se aplica al eliminar parcial o totalmente las exenciones impositivas especiales de promoción industrial y regional. El tercer aspecto del cambio se adecua a la aplicación de una mayor rigurosidad sancionando una nueva ley penal tributaria que aumentaba los riesgos de evasión, intentando invertir una cultura del pago tributario corroída.

Liberalización comercial

Un segundo eje de reformas es el de la liberalización comercial o así también llamada apertura económica. Esta se instrumenta por medio de la baja y anulación de aranceles y cupos en la importación. Se pueden señalar como objetivos de la apertura la caída de precios, fomentar las importaciones con lo que aumenta el consumo interno. También permitiría el ingreso de capital industrial nuevo, lo que daría una mejora en la competitividad a largo plazo. Sobre este último aspecto es importante señalar que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas quedan fuera de esta renovación al no tener acceso a créditos en el exterior más baratos de los que ofrecía la Argentina. Solo alrededor de las 400 empresas más grandes del país lograron ponerse a tono a este respecto. Se puede señalar entre otras consecuencias que a corto plazo esto trae un desequilibrio en la balanza comercial así como una distorsión en los precios relativos dada la protección tanto natural como preferencial de algunos productos (industria automotriz). Relacionado con esto se podría pensar en un aporte realizado por el profesor Diego Raus. Sostiene que la paridad del peso con el dólar 1=1 no es real sino forzada tanto por la ley como por los fondos que la respaldan dado que desde establecida ésta ha habido igual inflación, con lo que la paridad real no es la nominal, sino de alrededor de 1,4=1. Esto distorsiona el precio real de los productos exportables, lo cual no solo apareja desequilibrio en la balanza de pagos, sino que se traduce en una reducción de costos, o sea, en aumento de desempleo.

Uno de los principales problemas con los que se enfrentó esta política de apertura fue, respondiendo a la constante del resto de las reformas en función de reducir el déficit fiscal y contener la inflación, el no haber sido aplicado con un carácter gradual. El peligro de no efectuar las reformas en forma gradual en nuestro país trae como consecuencia un elevado cierre de empresas, sumando un factor más a las causas del aumento del desempleo en ese periodo.

Privatizaciones

Pasando al eje de las privatizaciones, la manera vertiginosa ("al cabo de un año, hacia octubre de 1990, casi todas las empresas públicas seleccionadas habían sido transferidas al sector privado") con que se realizaron, demuestra el mismo carácter apresurado en su aplicación. Su instrumentación se llevó a cabo mediante un llamado a licitación y venta de acciones mediante la sanción de la ley y los respectivos decretos presidenciales que las posibilitaron. También se instrumentó un plan de capitalización de la deuda, que permitía aceptar hasta un cierto porcentaje del valor de la venta a los desvalorizados títulos de deuda al precio que habían sido emitidos, es decir, se igualaba el valor nominal al real revalorizándolos a su valor inicial. Esto permitiría cancelar en parte la deuda, pero las privatizaciones en general tuvieron como objeto disminuir el déficit de la apretada situación financiera del sector público.

Una característica fundamental de las privatizaciones, que encuentra conexión con lo que será luego una de las críticas, es el consenso que estas tenían. La defectuosa, y deficitaria en algunos casos, situación de las empresas legitimó el explícito objetivo del gobierno de mejorar el servicio. Esto aparejó a que la rapidez con que se llevaron a cabo las mismas no permitiera el necesario saneamiento de ellas a los efectos de mejorar su precio.

La venta permitió acumular recursos del tesoro que serían fundamentales para hacer efectivo el plan de convertibilidad, pero se hacen manifiestas consecuencias que en gran medida se traducen a una desprotección de los consumidores. Tal vez sea la crítica más trillada, pero presenta una contradicción que debe ser marcada; se trata de las condiciones en que fueron presentadas las ofertas de los eventuales compradores. Las privatizaciones fueron realizadas bajo un carácter monopólico que daría grandes beneficios a los compradores al sacarse de encima el "estorbo" de la competencia, permitiendo en la instancia más manifiesta disponer del aumento de las tarifas.

A la luz de la teoría que sustenta la perspectiva del "consenso de Washington" la instrumentación de privatizaciones llevada a cabo por Menem se presentaría como contradictoria. Si bien "las empresas públicas deberían ser privatizadas", la forma en que fueron realizadas estas se presentarían más bien como objeto de crítica al fundamento teórico del consenso. Las privatizaciones consistieron en trasladar el por ellos mismos criticado monopolio estatal a un monopolio privado. El beneficio que supone la aplicación de una política de libre mercado se ve trunco desde su raíz. Su razón de ser, la libre competencia a los efectos de mejorar la calidad del servicio mediante la competencia, no es puesta sobre el tapete de juego bajo las reglas que le dan su característica esencial; característica que le aporta el único beneficio que tiene. Sin ella simplemente no es. Por lo tanto podemos pensar que aquí se hace manifiesta otra alteración de las reformas aplicadas en referencia a la propuesta norteamericana. Principalmente por los aspectos de la aplicación del método de capitalización de la deuda como por el traslado de un mercado monopólico estatal a uno privado, podemos comenzar a pensar que la aplicación de la reforma del estado se presenta con una alteración sustancial respecto de la propuesta ortodoxa. Dichas alteraciones pueden ser pensadas en un principio como instrumentación de una política que otorgaría beneficios en el plano económico no solo a empresas internacionales, sino también a grandes capitales nacionales que participaron de la privatización y que veían afectados sus intereses por la política de desregulación efectuada por el gobierno.

Con la aplicación de la convertibilidad – a la cual las reformas anteriores fueron en alguna medida funcionales – se logra frenar la inflación, reaparece el crédito y se reactiva el consumo. La estabilidad atrae por otro lado a capitales financieros.

EL PORQUE DE LAS PRIVATIZACIONES

2011-04-25T18:08:00.000-07:00

Puede hablarse de las privatizaciones como una tendencia de la política económica seguida por los diferentes países, es evidente que el inicio de tal tendencia como fenómeno significativo hay que situarlo en Gran Bretaña, donde ha constituido la pieza emblemática del "thatcherismo" ya desde los primeros años 80. Y tanto en Gran Bretaña como en otros paciesen que la política de privatización ha tenido una cierta entidad, está no se ha limitado al venta total o parcial de empresas públicas al sector privado, sino que, además, los programas se han extendido a dos tipos de medidas: la desregulación de determinadas actividades (acompañada a veces de la eliminación de monopolios legales) y a la introducción de criterios "mercantiles", de mercado o de "empresa privada" no solo en la gestión de empresas públicas sino también en determinadas áreas de la Administración Pública.

Respecto de las privatizaciones en sentido estricto (la venta de empresas públicas, o de una parte se sus acciones, al sector privado). El argumento principal de los gobiernos que la han impulsado ha sido el de la mejora de la eficiencia económica ha sido probablemente uno de los más utilizados; basado por supuesto en la idea de que la titularidad pública de las empresas iba en muchos casos acompañada de una gestión ineficiente.

No obstante, la evidencia empírica ha ido mostrando que los gobiernos parecen haber perseguido una cierta mezcla de objetivos con las privatizaciones. Y así, junto a la idea de que la gestión privada (o el sector privado, o la iniciativa privada) es más eficiente que la gestión estatal y que por lo tanto conviene reducir el peso económico del Estado, se observan también objetivos como el de aliviar el déficit fiscal mediante la venta de empresas públicas o el de "disciplinar" a los trabajadores y usuarios de determinadas empresas públicas fuertemente deficitarias, pasándolas a las reglas de juego habituales en las relaciones de mercado; (esto tiene que ver directamente con la idea que reúne un relativo consenso de que las reivindicaciones sindicales tienden a ser más radicales y exitosas frente a las empresas públicas que frente a las privadas).

Por otra parte, no todos los programas de privatizaciones han sido llevados a cabo por gobiernos conservadores como el de Thatcher en Inglaterra o el de Chirac en Francia. Ha habido, por ejemplo, importantes en Italia, con un gobierno de coalición; en México, con el gobierno del Partido Revolucionario Institucional; y en España, con el Partido Socialista en el gobierno.

Sobre las formas de privatización

La conclusión general que puede extraerse de las experiencias de diferentes países es que bajo la etiqueta privatizaciones se engloban medidas o acciones bien distintas, aunque con el objetivo común de disminuir al implicación de los poderes públicos en la actividad económica

Transferencia de la propiedad de empresas públicas al sector privado

Esta es la forma estricta de privatización y representa efectivamente el grueso de las operaciones realizadas en países como Gran Bretaña, Francia, España o Argentina. En unas ocasiones la transferencia de propiedad es total mediante la venta en bloque de la empresa a un grupo privado, como en loa casos de las españolas SEAT, Maquinista o ENASA y el de la Argentina Aerolíneas Argentinas. La otra modalidad ha consistido en la venta de acciones en bolsa respecto a determinadas empresas públicas, reservándose generalmente el Estado un porcentaje de capital minoritario. Esta ha sido la vía de privatización típica de Gran Bretaña y Francia (donde no hay que olvidas que los respectivos gobiernos conservadores tenían el propósito programático de fomentar un cierto accionario popular mediante las privatizaciones), en la que destacan casos como los de British Gas, Bitish Telecom., Saint-Gobain y la Societé Genérale; y es una opción que también se ha seguido en España con respecto a empresas públicas que venían siendo claramente rentables , como son los casos de REPSOL, EMDESA o ENCE.

De igual forma han sido importantes las privatizaciones parciales en las que el Estado mantiene la mayoría del capital. De este tipo son todas las llevada a cabo en Austria y en Italia, así como las programadas en Francia durante la etapa de gobiernos socialistas y los casos españoles en que se han sacado a bolsa paquetes de acciones, como el de REPSOL, EMDESA y ENCE, entre otras.

Desregulación / privatización.

Este segundo tipo de operaciones de privatización ha consistido en la desregulación o desmonopolización de actividad de la empresa pública, posteriormente acompañada o no de transferencia de propiedad al sector privado. Lo que más destaca en estos casos de grandes empresas públicas es la política de liberalización de servicios públicos, siguiendo un proceso que responde al siguiente esquema-tipo: Eliminación del monopolio legal a favor de la empresa pública, si ese era el caso; pasar a organizar la empresa como sociedad anónima, o como varias sociedades anónimas –una para cada actividad diferenciada- agrupando estas en un holding; y, sobre esta nueva base jurídica, establecer criterios de gestión de empresa privada. Simultánea o posteriormente, este proceso es o no completado en el sentido jurídico de la propiedad, sacando el Estado a Bolsa acciones de la nueva empresa. Casos importantes de desregulación / privatización han sido la antigua compañía de autobuses británica, al British Telecom. Y la mayor parte de las operaciones de privatización llevadas a cabo en Venezuela.

Algunos expertos ponen en duda, no obstante, que pueda hablarse en realidad de desregulación en estos casos. Simultáneamente a la privatización / desmonopolización se han creado oficinas estatales específicas encargadas de la regulación del respectivo sector, ante la evidencia de que , desde una perspectiva social, las actividades no podían dejarse al resultado del juego del libre mercado.

Privatización organizativa.

Como parte de la amplia corriente privatizadora, hay que destacar una variante de lo anterior, consistente en la simple adopción de formas y / o de gestión privados (mercantiles) para determinadas empresas públicas que generalmente se mantiene como tales. A operación significa, en primer lugar, que dejan de ser entidades de derecho público y pasan a regirse por el derecho privado, mediante su transformación / constitución en sociedades anónimas; y , en segundo lugar significa que se les pasa a fijar un determinado objetivo financiero que generalmente toma como punto de referencia la meta de la autofinanciación. Casos significativos en esta línea son los antiguos entes estatales en Italia y en Irlanda. La RTV y el Servicio de Correos de Holanda, así como el London Transport Authority y el Servicio de Correos de Gran Bretaña.

Las principales consecuencias son que el personal deja de ser funcionario público para pasar al estatus típico definido pro el contrato laboral, y que la empresa pasa a estar sujeta a una disciplina financiera más estricta (lo que a su vez puede conllevar o no una cierta subida relativa de las tarifas para los usuarios / consumidores).

Hay que destacar que, en algunos casos, esta privatización organizativa – que se inicia por cambiar la forma jurídica de la propiedad pública- es como un primer paso para una posterior privatización pura, es decir, transferencia de propiedad al sector privado.

Privatización de actividades de al Administración Pública.

Esta adopción de formas de gestión privadas se ha ido extendiendo de las empresas estatales a la Administración Publica, especialmente en países europeos. Cada vez son más numerosos los ejemplos de segregación de actividades de la Administración Pública para constituir agencias con autonomía de gestión. Es decir, un proceso, de hecho, de creación de nuevas empresas públicas. Un paso más allá en este proceso y nos encontramos con la actual tendencia a que la actividad segregada se transfiera al sector privado; por ejemplo, los servicios de inspección del Ministerio de Finanzas de Holanda.

Privatización de la gestión (contracting out)

Finalmente, otro tipo de operaciones surgido como parte de los procesos de privatización ha sido la privatización de la actividad de empresas públicas, en el sentido de cesión al sector privado de la gestión de la actividad de la empresa, pero sin transferencia alguna de propiedad sobre el patrimonio (contracting out). Esta ha sido la vía seguida en Gran Bretaña, pro ejemplo, con los astilleros públicos. Como empresa pública su patrimonio era tan importante (terrenos e instalaciones especialmente ) que su privatización pura fue considerad financieramente inviable por el gobierno; como alternativa, ya tras un largo proceso legislativo, fue sacada a concurso al gestión de su actividad como empresa, lo que implicaba la transferencia de la plantilla del personal. El contracting out supone por tanto un cambio efectivo de titularidad, si bien no respecto al patrimonio, que pertenece publico.

Una modalidad de menor alcance es la subcontratación de la gestión de entidades públicas a empresas privadas (en un sentido parecido a cuando se subcontrata al exterior el servicio de limpieza de la empresa); en estos casos la plantilla y la titularidad de la gestión sigue siendo pública actuando la empresa privada concesionaria por delegación- o responde a alguna fórmula mixta. Un ejemplo de este tipo de subcontratación de la gestión lo tenemos en el programa de reforma de la gestión de los centros hospitalarios que está llevando a cabo el Institut Catatá de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Es de destacar la diferencia de procedimiento seguido en las privatizaciones. Unos países han seguido un modelo similar al de Gran Bretaña y Francia, sometiendo el proceso de privatizaciones a un programa gubernamental explícito, posteriormente concretado en una legislación regulador , generalmente de larga y difícil gestación y respecto a la cual ha sido notable la oposición sindical. Este es el caso de Turquía, Filipinas y Brasil (además de los dos citados) . Otros han seguido, sin embargo, lo que podríamos denominar el modelo italo-español, consistente en la simple venta de acciones de empresas publicas, sin apoyarse en ninguna ley específica ni decisión política explícita al respecto. Ese ha sido el procedimiento seguido –además de en España e Italia- en Alemania Federal, México, Argentina y Venezuela, entre otros.

Sobre las motivaciones u objetivos perseguido

En general, las privatizaciones en los diferentes países parecen obedecer a dos grupos de motivaciones u objetivos: lo de carácter financiero-fiscal y los de carácter político consistentes en una reducción del peso del sector público en la economía.

Hay casos , como los de España o Argentina, en los que las privatizaciones han consistido en general en la pura venta de acciones de empresas estatales, sin apoyar el gobierno tales medidas en una ley específica; en consecuencia, no existen exposiciones de motivos explícitas que podamos analizar, ni se ha producido un debate público en el que estas pudiesen quedar expresadas. Tenemos que hablar por tanto en estos caos de objetivos implícitos; y es un hacho que éstos aparecen como predominantemente financieros; especialmente en las operaciones en las que se ha sacado a Bolsa una parte no mayoritaria del capital de empresas publicas tradicionalmente sin problemas, es decir, que venían siendo rentables.

Se observa que las motivaciones financiero-fiscales son a su vez de tres tipos - pesando en cada caso un mas que los otros:

Por una parte la idea de eliminar al carga que sobre los presupuestos estatales representan los subsidios (la financiación de los déficit de las empresas públicas, en un periodo de necesidad generalizada de reducir el déficit publico.

Por otra parte dejar de financiar con cargo al presupuesto público las nuevas inversiones (ampliaciones de capital) de las empresas públicas –incluidas las que ya eran rentables.

Y en tercer lugar, al oportunidad de tener un importante ingreso en el presupuesto con el producto de la venta al sector privado.

Estas motivaciones aparecen claramente en los países europeos, no solo en los casos de Austria, España e Italia, sino también Gran Bretaña y Francia; y aparecen asimismo como dominantes en países suramericanos, especialmente Argentina, Brasil, Venezuela, Chile y México. Así, en el caso concreto de Argentina, el producto de las privatizaciones se ha orientado en gran parte a financiar la cancelación de deuda externa; a diferencia del caso de México que con una deuda externa similar, ha dedicado los recursos a inversiones internad en infraestructuras sociales.

Por lo que respecta a las motivaciones u objetivos básicamente de carácter político, éstos resultan ser mezclas variables –según los países- de los siguientes ingredientes:

• Mejorar la eficiencia de las empresas públicas.

• Introducir la mentalidad o "culturas" de empresa privada en la gestión de las empresas públicas.

• Eliminar la mayor "vulnerabilidad" frente a las reivindicaciones sindicales, al pasar la EP a tener una parte de accionariado privado (aunque éste sea minoritario).

• Reducir el peso del sector público en la economía, como un fin en si mismo.

La mejora de la eficiencia aparece explícitamente como uno de los motivos argumentados en los s programas de gobiernos conservadores, como los casos de Gran Bretaña y Francia, pero de una forma implícita puede detectarse en general en las manifestaciones o declaraciones políticas de los gobiernos de todos los países mencionados. No obstante, es un hecho que en gran parte se han privatizado – o se han privatizado preferentemente- empresas que ya venían siendo rentables o que en condiciones de serlo al haber estado previamente sometidas a operaciones de saneamiento financiero.

No obstante, es un hecho que este tipo de operaciones llevadas a cabo por gobiernos no conservadores, responden a algo más que a una cierta idea más o menos implícita de que la propiedad privada es sinónimo de mayor eficiencia. Este algo más consiste en el planteamiento de que en el actual contexto de competencia internacional ciertas empresas públicas no son viables como empresas independices, si no, en todo caso, como parte de un grupo económico internacional poderoso dentro del sector (por ejemplo el caso SEAT- Volkswagen) El mismo juicio y estrategia es observable en muchas de las privatizaciones de los países suramericanos (las compañías aéreas de Argentina y de Chile, por ejemplo)

El cambio de signo en los países en vías de desarrollo.

En el caso de países en vías de desarrollo, la motivación política presenta una notable homogeneidad: reducir la estatalización dominante en la economía con el objetivo de pasar efectivamente a una "verdadera economía de mercado" (Turquía, Argentina, Venezuela, Filipinas, Pakistán, Brasil) en lo que supone un cambio de orientación considerable, pues se deja de confiar en un sector público empresarial como vía de industrialización y / o desarrollo.

En estos países se observa una pauta muy similar. En ellos se habían ido creando, especialmente desde los años 60, empresas públicas con el objetivo típico de la industrialización del país. Y sus economías estaban caracterizadas por un predominio del sector público en la industria y unas estructuras de mercado muy débiles. Como consecuencia de los anterior, las empresas públicas eran gestionadas y sostenidas más con criterios político-administrativos que económicos o de mercado.

Este proceso se ha dado tanto en países bajo regímenes dictatoriales, como fue el caso de Brasil, Argentina, Chile y Filipinas, como en países con regímenes formalmente democráticos pero de sistema político peculiar , como México, India y Pakistán; así como en casos intermedios como el de Turquía.

Pero a partir de los años 80-85, todos estos países parecen iniciar un cambio de rumbo curiosamente acompañando – pero no necesariamente- por transformaciones hacia un sistema político democrático-liberal. Así, por ejemplo los casos del tránsito de la dictadura la parlamentarismo en Chile, Argentina, Brasil, Filipinas, Pakistán y Turquía. No obstante, casi sin excepción, el cambio de rumbo respecto al sistema económico en general y en concreto el lanzamiento de los primeros programas de privatizaciones se inicia ya en al etapa previa a la democratización; ello aparece especialmente claro en los casos de Turquía y Brasil.

Es de destacar que en varios de estos países los programas de privatización han tropezado con grandes dificultades en su puesta en práctica. Por una parte por tratarse de países con un poco desarrollado mercado de capitales y por resultar economías poco atractivas para los posibles inversores; y por otra, por las resistencias internas de la propia burocracia estatal que debería llevar a cabo el proceso. Resistencias que parecen explicarse más por el uso que hasta ahora se ha hecho de las empresas públicas como núcleos de poder político-económico que por motivos de oposición política. Estas dificultades para llevar adelante las privatizaciones se hacen patentes especialmente en los casos de Brasil, Turquía y Filipinas.

Resultados de las privatizaciones.

Los resultados en términos financieros son los que aparecen más claros y evidentes; especialmente los ingresos estatales por venta de empresas, que viene a aligerar el déficit del presupuesto público de cada país. No son tan espectaculares los resultados en cuanto al ahorro presupuestario derivado de no tener que financiar déficit de empresas públicas; en unos casos por lo importantes que han sido los costes de los saneamientos previos a las privatizaciones; y en el caso de servicios públicos (transporte, por ejemplo) porque las subvenciones públicas al servicio en cuestión se han mantenido bajo el nuevo régimen de explotación privada.

Respecto al tema de si las privatizaciones mejoran la eficiencia económica de las empresas, las evidencias acumuladas hasta ahora apuntan a que las mejoras en eficiencia no dependen en gran manera del tipo de propiedad sino más bien de otros factores que provisionalmente podríamos enunciar así: el hecho de que exista o se permita una competencia de mercado para la empresa (o un mecanismo equivalente), y adoptar una forma organizativa y unos criterios de gestión de empresa privada en el sentido, no tanto de maximizar resultados, si no de que la gestión de la empresa pueda desenvolverse en un marco jurídico , laboral y financiero idéntico al de las empresas privadas, y sin las típicas intervenciones-peticiones aleatorias de aquellos cargos políticos que estiman tiene una cierta autoridad sobre la empresa. Como ingredientes importantes de este segundo aspecto organizativo, parecen estar la profesionalidad de la dirección de la empresa y los incentivos que se le establecen, ligados a la consecución de unos determinados objetivos de gestión (no necesariamente la maximización de los Resultaos); todo ello adecuadamente explicitado en el correspondiente contrato de empleo.

Parece evidente que los países occidentales que quedan en una situación más propiamente de "economía mixta" son Canadá, España e Italia, ya que –además de partir de un sector pública empresarial muy importante- la pérdida de peso especifico durante la ola mundial de privatizaciones ha sido mínima por ahora, y no parecen probables, a medio plazo, cambios notables en este sentido.

Cambios radicales, como el de Gran Bretaña o aun de mayor alcance, se hubiesen ciertamente dado también en los países en vías de desarrollo que hemos examinado y que partían de unas economías fuertemente estatalizadas y que han optado por pasar plenamente a economías de mercado (ayudados en este sentido por las fuertes presiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial )

A pesar de que los gobiernos respectivos están sujetos a fuertes presiones en ese sentido, estas presiones obedecen a la lógica del funcionamiento de estos organismos internacionales: al igual que ha venido ocurriendo el países como Turquía, Brasil, Argentina o Filipinas, las subvenciones para cubrir los déficit de las empresas pública forman una parte dominante del desequilibrio presupuestario del país y constituyes a su vez una causa importante del endeudamiento externo que deben renegociar con los organismos internacionales; la respuesta afirmativa de estos a la refinanciación de la deuda está siempre condicionado a que le país adopte un programa a mediano plazo de estabilización presupuestaria y de desestabilización de la economiza dentro del cual el programa de privatizaciones tato el FMI como el BM, lo consideran como una pieza clave.

EL PROCESO DE PRIVATIZACIONES EN INGLATERRA

2011-04-25T18:07:00.000-07:00

Los "altos costos" de la carga social fueron duramente criticados por la derecha "ultra". La Sociedad Mont Pelerín, fundada por Hayek en la inmediata postguerra y difundida dogmáticamente desde Chicago por Friedman. Efectivamente, un nuevo contexto mundial -en especial la crisis del petróleo - y en concurrencia la pérdida de rentabilidad, más una despiadada política internacional en materia financiera, marcaron las economías europeas. EE.UU. con Reagan e Inglaterra con la señora Thatcher, impulsaron la doble demonización: 1) la del "imperio del mal" representado por la URSS y sus países satélites, cuyas economías burocratizadas y centralizadas no funcionaban y eran incapaces de sostener una competencia estratégica a nivel armamentístico. La implementación del sistema de defensa llamado "guerra de las galaxias" marcó un hito fundamental en esta batalla que, finalmente, ganó EE.UU. con la implosión de la URSS; 2) La del Estado benefactor, comenzando por Inglaterra. Privatizaciones salvajes, desregulaciones económicas y laborales. Recortes y privatización de la Seguridad Social. Cuidadosamente programada, lo que se ha dado en llamar "una ideología económica" del mundo a aplicar "fuesen cuales fuesen las condiciones y las culturas del lugar", tiene como componentes: estabilidad de precios, equilibrio presupuestario, desregulación y privatizaciones a ultranza, libertad absoluta de movimientos de capitales, competitividad descargada de la "ganga" social, etc.

Universalizada, y aplicada duramente a través de los organismos internacionales bajo su control en todo el mundo, esta doctrina de nueva ("neo") no tienen absolutamente nada; ha concentrado hasta límites no concebibles hace treinta años la riqueza y extendido por todo el planeta la pobreza, generando una inestabilidad permanente en las economías de los países dependientes -ahora llamados "economías emergentes" y sembrando incertidumbres políticas y desastres sociales de los que no están a salvo los propios países centrales, que abierta o silenciosamente la han impulsado.

EL PROCESO DE PRIVATIZACIONES EN AMÉRICA LATINA

2011-04-25T18:06:00.001-07:00

En América Latina, el proceso de privatizaciones se ha dado en un contexto político complejo.

Se puede decir que inicia con las dictaduras militares, surgidas en el cono sur durante la década de los años setenta, las cuales desmantelaron los sistemas de empresas públicas mediante la venta, fusión y liquidación de las mismas. Este proceso responde a una cierta forma de inducción proveniente de los países industrializados (del norte) que han puesto en práctica la política de privatizaciones como uno de los elementos claves para hacer avanzar sus programas estabilizadores y de reconversión industrial, así como fortalecer el proceso de Globalización. Además, los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Banca privada internacional) han propiciado la privatización en todo el continente.

Las empresas públicas, en América Latina, han jugado un papel importante en el desarrollo económico y social, así como en la consolidación de los Estados nacionales e independientes de la región.

Sin embargo, la crisis de la deuda externa, los problemas actuales de modernización de la administración pública, la apertura comercial y el nuevo trato al capital extranjero, han creado condiciones en muchos países latinoamericanos para impulsar las privatizaciones como un proceso de aprendizaje y modernización productiva que pretende cambiar décadas de intervención del sector público en la economía de cada realidad nacional del área; sin embargo ". Se reconoce la necesidad de encarar pragmáticamente este tema, también se quiere destacar que la discusión, con frecuencia, no toma debida consideración de la conveniencia y de las dificultades para privatizar empresas públicas."

LAS PRIVATIZACIONES EN EL CONTEXTO MUNDIAL

2011-04-25T18:05:00.002-07:00

Las privatizaciones son un fenómeno o tendencia que afecta a todos los países. Esta tendencia está inserta como una política de racionalización del Estado moderno, dentro del proceso global de transformación de las economías nacionales.

Los procesos de privatizaciones que se dan en la mayoría de las regiones, subregiones y países del mundo contemporáneo, obedecen a una intencionalidad de hacer más racional la acción de los gobiernos y hacer más eficaz el funcionamiento de los mecanismos de Estado.

En este contexto, en muchas realidades nacionales, están en desarrollo procesos de venta, de fusión y desincorporación de empresas públicas, así como la decisión de entregar actividades que tradicionalmente controlaba el sector público, como son: electricidad, petróleo, ferrocarriles, correos y telégrafos, agua potable y otras. Esta reducción de la actividad estatal, en la producción de bienes y servicios, responde como a un consenso de aceptar como inevitables las privatizaciones para reducir, así, las dimensiones y frenar las tendencia al crecimiento de la propiedad pública.

Con la crisis que sufren los países socialistas, y el desprestigio de la economía centralmente planificada, esta situación ha fortalecido las ideas neoliberales, entre las cuales destaca aquella que sostiene: "...las empresas públicas en general, no son reconocidas por su eficacia y buen desempeño económico." Por ello, se ha ido imponiendo la corriente ortodoxa de pensamiento que sugiere la venta, fusión, desincorporación y liquidación, en particular de las empresas industriales públicas. La justificación que se da en estos casos es la de ampliar o mantener el gasto social y no utilizar una parte importante del presupuesto nacional en el desarrollo de este tipo de empresas que compiten con las del sector privado.

Por otra parte, se plantea una posición con respecto a la política pública de redefinir el papel del Estado en materia de intervención en la economía nacional. Aquí surge toda una línea de acción para enfrentar la crisis; tal línea se sustenta en una comprensión neoliberal de reducir el sector de empresas públicas para ampliar la actividad productiva del sector privado; aunque la visión de este objetivo estratégico de la postura neoliberal se esconde tras la política de sanear las finanzas públicas para reducir el déficit fiscal.

Este objetivo estratégico definido en las políticas de estabilización y desarrollo, responde a una tendencia mundial que tiene connotaciones particulares, dado que tiene relación con el proceso de Globalización de los mercados, y de avance de la penetración del capital extranjero en las economías nacionales. Situación aprovechada por los empresarios privados que presionan al Estado y a los gobiernos para que la privatización signifique un proceso ajustado a una política económica y a un redimensionamiento del sector para estatal de la administración pública a una escala menor, como una forma de dar fuerza a toda una estrategia continental de ajuste y de reinserción en la economía mundial, así como de ubicación en una nueva regionalización de todos los países medianos y pequeños.

Muchos autores sostienen que el proceso de privatizaciones corresponde a un avance de las ideas neoliberales en contra de la intervención estatal, y se ubica en una ofensiva a escala mundial, la cual responde a las exigencias del proceso de Globalización de la economía y de regionalización que fortalece la penetración de las empresas globales (transnacionales) en las economías internas de los países de desarrollo medio y atrasados. Esta ofensiva ha sido dirigida, en todos los países, en contra de las empresas públicas, alegando deficiencias organizacionales y malos manejos administrativos de tipo financiero, productivo y de personal de las mismas. Sin embargo, hay que reconocer que esta ofensiva y crítica a la gestión pública ha sido justa en algunos casos, en donde el comportamiento burocrático y la corrupción de los altos ejecutivos de las empresas públicas han marcado un procedimiento de gestión que ha sido duramente criticado por la opinión pública de muchos países de las diferentes regiones.

EFECTOS DE LA PRIVATIZACION

2011-04-25T18:05:00.000-07:00

El proceso de privatización debe contemplarse desde la perspectiva de ver hasta donde es capaz de llevar a cabo la consecución de sus dos objetivos más importantes, que son: el mejoramiento de la situación financiera del Estado, y el incremento de la asignación y la eficacia productiva de la economía. El logro de estos dos efectos macroeconómicos puede muy bien reflejar la situación financiera y competitiva de cada una de las empresas en particular.

a) Efectos sobre la eficiencia económica de la empresa.

En primer lugar, desde el punto de vista teórico, puede alcanzarse la conclusión de que los mecanismos del mercado de capitales y la exigencia de obtener unos beneficios para satisfacer a los accionistas, constituyen un sistema más seguro y rápido para estimular la rentabilidad de una empresa, y no la concesión de subvenciones e inversiones realizadas por el gobierno, que a falta de su coherencia, en la mayoría de los casos, suelen ser dirigidas a satisfacer necesidades políticas a corto plazo, más que a motivos de rentabilidad a largo plazo. Además, al ponerse en práctica una gestión del personal más flexible y eficaz, y al enfrentarse también competitivamente con otras empresas del sector, constituyen factores, que contribuyen a una mejor eficiencia operativa y económica de la empresa.

Sin embargo, en la práctica, no se puede formular con carácter general el principio de que el sector público sea más ineficiente que el sector privado; lo que ocurre es que el primero se encuentra mediatizado en su actuación por una serie de factores políticos extraeconómicos, incluso conflictivos entre sí, la mayoría de las veces. Por otra parte, no pueden aplicarse métodos científicos de comprobación generalizada, puesto que resulta imposible que la prestación de un mismo servicio sea gestionada a la vez por el sector público y el sector privado y en las mismas circunstancias, por lo que la diferencia en el rendimiento puede ser debida a factores exógenos a la economía.

Lo único que puede decirse, en términos objetivos, es que los burócratas tienen menos probabilidades de gestionar correctamente una empresa, que los empresarios del sector privado. Pero, como sucede en las principales cuestiones políticas, ésta afirmación es más materia de opinión que principio general riguroso.

b) Efectos sobre la situación financiera del Estado.

Es evidente, que la privatización consiste no solo en un programa político y económico, sino que también supone una transacción financiera. Y esta transacción financiera puede revestir diversas características y ser de una cuantía y magnitud muy diferentes.

En muchas privatizaciones, la cantidad de dinero que pasa del sector privado al público es muy pequeña, y las ventajas financieras para el Gobierno son muy a largo plazo y casi intangibles. Pero, sin embargo, en las ventas importantes de bienes públicos tienen un efecto inmediato y directo sobre el presupuesto fiscal y la deuda pública. En efecto, en la práctica, las principales ventas que se han realizado, tales como British gas, en Gran Bretaña, Paribas, en Francia, etc..., el impacto presupuestario inmediato fue enorme.

Sin embargo, una vez realizada la venta, sus resultados deben incluirse inmediatamente en el presupuesto, con el fin de evitar serios problemas financieros para el Gobierno. Caso de no hacerse así, puede originarse un ritmo en el proceso de privatización artificialmente alto, que desemboque, en ocasiones, en un cierto despilfarro financiero.

c) Efectos sobre el mercado de capitales.

En primer lugar, todo proceso de privatización genera una enorme expansión de los mercados financieros, al introducirse en él nuevos inversores.

En segundo lugar, otro efecto positivo de la privatización, consiste en que el volumen de capital del mercado de valores ha experimentado un enorme auge que ha cristalizado en un aumento de las carteras de inversión de las entidades financieras, y en una capitalización general del mercado.

Finalmente, otro tercer efecto positivo del proceso de privatización, estriba en la profundización del mercado, permitiendo el acceso o introduciendo en el mismo, a compañías privadas, que de otra forma no podrían acudir a él. La disponibilidad de fondos de financiación, se ha incrementado enormemente en aquellos países en los que se han llevado a cabo las privatizaciones.

Por último, simplemente poner de relieve que en todo proceso político de poner en marcha la privatización, debe de fomentarse y estimularse que los activos públicos en venta se distribuyan entre el mayor número posible de nuevos inversores, y esto, no por razones de justicia y expansión del mercado solamente, sino, sobre todo, por propio interés político y económico para que el proceso privatizador pueda llevarse a cabo, favoreciendo la creación de grupos de intereses comprometidos directamente en el proceso de privatización.

d) Efectos sociales de los programas de privatizaión.

Su principal objetivo social consiste en incrementar el nivel de bienestar social, evitando la existencia de desequilibrios regionales. Entre estos objetivos redistributivos figuran la consecución de precios bajos, proporcionar salarios elevados, etc. Sin embargo, como norma general, puede afirmarse que las empresas estatales han fracasado en llevar a feliz término esta función social, especialmente, en lo que se refiere a las clases más económicamente débiles y desprotegidas.

Por otro lado, los efectos sociales de la provisión de bienes y servicios por empresas privadas puede encontrarse condicionada por las siguientes razones:

En primer lugar, si las ganancias derivadas de la reducción de los costes van a revertir a favor del consumidor o de los nuevos propietarios de la empresa, va a depender, tal como expresa la teoría microeconómica, del grado de competitividad al que la empresa privatizada se encuentre sometida.

En segundo lugar, la reducción de los costes de la empresa como consecuencia de la modernización de las técnicas de producción y de la reducción de los salarios en el reajuste realizado, se traducirá en una simple transferencia de renta de los empleados de la empresa a los consumidores del bien producido.

Y finalmente, el Estado utiliza frecuentemente a las empresas públicas para suministrar ciertos bienes de alcance general, tales como productos alimenticios básicos, agua, carbón, energía petrolífera, etc. o determinados servicios tales como el transporte por ferrocarril, transporte urbano, etc., pero a precios subsidiados, y por lo tanto, artificialmente bajos. En estas circunstancias, la privatización no conduce a un descenso de los precios, sino más bien a un ahorro en las cargas del presupuesto nacional. Esto puede permitir al Gobierno la posibilidad de utilizar estos recursos financieros en proyectos de tipo social, tales como la educación, la vivienda, y prestaciones sanitarias. Todo ello, no son más que consecuencias debidas al proceso de privatización.

Por otra parte, otro aspecto muy importante del impacto social de la privatización, consiste en que se la ha utilizado como mecanismo para transformar a los trabajadores en propietarios de las empresas en las que desempeñan su trabajo. Esta extensión de la propiedad de la empresa entre sus propios trabajadores ha sido bastante considerable en Gran Bretaña.

MODALIDADES DE LA PRIVATIZACION

2011-04-25T18:04:00.000-07:00

Las diferentes modalidades de la privatización pueden agruparse fundamentalmente en tres tipos o categorías muy amplias. Estas son: 1) Transferencia de la propiedad de los activos públicos al sector privado. 2) Concesiones, contratos, y subastas públicas para la provisión de bienes y servicios por parte de las empresas del sector privado y 3) Liberalización o desregulación de los mercados de monopolio legales, haciendo especial referencia a la libertad de entrada y de acceso a nuevas empresas en el mismo.

La elección de una u otra modalidad dependerá de los objetivos que se persigan y del tipo de actividad económica que se considere. Sin embargo, pueden originarse situaciones conflictivas entre los objetivos a alcanzar en el proceso de privatización, especialmente entre los objetivos financieros y las posibles mejoras de la eficiencia. En efecto, el valor de los activos públicos en venta, es mayor cuanto mayor sean los privilegios monopolísticos que la empresa privatizada, o en proceso de privatización, retenga en su poder. Pero, entonces, en este supuesto, el objetivo de la eficiencia no se logrará, puesto que, de esta forma, el monopolio privado podrá fijar los precios a unos niveles superiores al coste marginal. La ausencia de competencia, en este caso, impedirá el mejoramiento de la eficiencia productiva.

1. TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA PUBLICA

Existen básicamente cinco métodos para proceder a la transferencia de la propiedad de una empresa pública. Estos son:

a) La venta directa

Esta forma de privatización, generalmente bastante extendida, consiste simplemente en la venta global de la empresa pública a una compañía perteneciente al sector privado. Esta forma de venta es muy usual y se practica para la mayoría de los países. Este tipo de ventas directas se suelen producir a iniciativa del gobierno, aunque, en ocasiones, son las compañias privadas las que realizan sus propuestas de compra en cuanto se pone en marcha un programa de privatización.

b) La oferta de venta pública

Este procedimiento de privatización, especialmente puesto en práctica por los países industrializados, constituye la fórmula mas ampliamente extendida de transferencia de la propiedad de la empresa pública. Sin embargo, la complejidad técnica de sus fases de preparación y posterior desarrollo, restringen su utilización a las empresas estatales de mayor magnitud. Entre los objetivos que suelen perseguir los Gobiernos al poner en práctica una oferta de venta pública, figura el alcanzar una "democratización" del accionariado de las principales industrias del país. Este deseo de promover un "capitalismo popular" tiene por finalidad, fundamentalmente, el crear grupos de interes favorables a la privatización, evitar la excesiva concentración de capital y demostrar que el proceso de privatización no pretende favorecer únicamente a determinados grupos económicos fuertes, estableciendo una oligarquía. Por otra parte, la participación popular en el capital social de la empresa pública privatizada, puede constituir también un poderoso instrumento de protección contra una posible renacionalización en el futuro.

Esta forma de privatización es también la más compleja desde el punto de vista técnico. Los riesgos que se derivan de una oferta pública de venta, tanto para el Gobierno como para los pequeños ahorradores que pretenden atraer, exigen que se seleccione cuidadosamente a la empresa que se pretende privatizar a través de este procedimiento. En efecto, promocionar una oferta pública de una empresa que se encuentra en dificultades financieras, puede resultar muy difícil y arriesgado. Incluso puede también resultar preciso el proceder a la restructuracióin financiera de la misma, con la consabida consecuencia de despidos, reformas estructurales, etc. Todo ello se evitaría si la empresa disfrutara de una situación financiera saneada.

Por otra parte, la posición de la empresa en el mercado puede originar ciertas dificultades. En efecto, si se privatiza una empresa que detenta una posición de monopolio en nombre del interés público, al privatizar una empresa de este tipo los beneficios van a parar, efectivamente, a los accionistas privados, por lo que podrían ser considerados como una explotación del consumidor. Todo lo cual, entraña la necesidad de promulgar una serie de normas que establezcan un control sobre los precios y los beneficios.

Por otro lado, si la empresa estatal objeto de oferta pública de venta, no es monopolística, este tipo de problemas no se presentan. Los beneficios se contemplan como una prueba de la eficacia operativa de la empresa, y no se hace precisa la existencia de una regulación de la actividad de la misma.

Este método ha sido aplicado especialmente en Inglaterra y Estados Unidos.

c) Adquisiciones de empresas por su personal

Las compras de empresas estatales por parte de sus directivos y empleados constituye otro método de privatización que tiene cierta importancia en numerosos países, pero de forma especial en Inglaterra. No obstante, este procedimiento de privatización, que teóricamente parece sencillo y adecuado, no deja de ofrecer en la práctica ciertos problemas, como la valoración de los activos, la reestructuración de la empresa, y con toda probabilidad, una serie de cuestiones de tipo socioeconómico. El ejemplo más significativo y a la vez de mayor éxito, fue la adquisición por parte de sus directivos y personal en general, de la National Freight Corporation en 1982, que sirvió de precedente a otras muchas ventas similares que le siguieron en este país, como la British Leyland y alguna más. Este método también se ha utilizado en otros muchos países, entre ellos Canadá, Francia e incluso Turquía.

d) Venta de acciones y activos públicos

La venta de acciones y activos públicos a compradores del sector privado, sean estos entidades o particulares, constituye la forma de privatización más generalmente utilizada en los países menos desarrollados, precisamente por su sencillez y rapidez.

Esta modalidad de transferencia de la propiedad de la empresa, puede adoptar dos formas: Una, la venta total del patrimonio de la empresa; otra, la venta de cierto número de activos públicos, normalmente realizada a través del procedimiento de licitación.

Cabe resaltar el hecho de que la posibilidad de participación minoritaria en la propiedad de la empresa, constituye un acontecimiento mucho más frecuente y casi general, en este tipo de transferencias.

e) Incrementos del capital no suscrito

Un incremento de capital que no se encuentra abierto a la suscripción para la mayoría del público accionista, permite la posibilidad de acceso a la propiedad de la empresa, a inversores privados y particulares. Se trata, pues, de una transferencia parcial del capital de la empresa. Su existencia se justifica por el hecho de que la mayoría de los posibles compradores carecen de recursos financieros suficientes para cubrir esta ampliación. Su práctica es relativamente frecuente en los países en vías de desarrollo.

2. CONTRATOS DE CONCESION, FRANQUICIAS Y CONCURSOS PUBLICOS PARA LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS

a) Concesión

Una concesión implica el traspaso de poderes del concedente (la administración) al concesionario (un particular). Existen dos modalidades. 1) La concesión de servicios públicos en la que el Estado encomienda a un particular la organización y funcionamiento de un servicio público por un determinado lapso. La retribución del concesionario es el precio pagado por los usuarios. 2) La concesión de obra pública: la administración contrata a una empresa para la realización de la obra a la que no le paga un precio por ella sino que le otorga por un plazo determinado la explotación de la obra que se construye.

Las concesiones pueden ser onerosas o gratuitas e incluso subvencionadas en el caso de actividades no rentables. En los casos de modalidad onerosa, en general los concesionarios pagan al Estado un canon cuyo monto, forma y regularidad de pago se establecen en los contratos.

El pago del canon no implica en sí mismo una transacción de balance de pagos, ya que es una operación entre una empresa residente y el Estado. Sin embargo, cuando en un consorcio participan inversores extranjeros, el mismo es tomado como una empresa de inversión directa. Por lo tanto, las utilidades que genera se registran en la cuenta corriente y los flujos de reinversión, aportes de capital, deuda con matrices y cambios de manos se incluyen en la cuenta financiera.

En este tipo de contratos, los sectores más dinámicos fueron los de comunicaciones (Televisión y radio), construcción de rutas y caminos, y transporte terrestre. La aplicación de esta modalidad se inició en 1990 cuando se privatizaron a través de concesiones, rutas nacionales y dos canales de televisión estatales.

b) Franquicia

Las franquicias constituyen otro instrumento de privatización, que consiste fundamentalmente en la concesión, casi siempre con carácter exclusivo, de la prestación de un servicio público a una entidad privada. Una franquicia en exclusiva consiste en un adjudicación de privilegios monopolísticos a una empresa privada para que proporcione un servicio determinado, con precios regulados por una dependencia del Gobierno.

En este procedimiento de privatización, como en el método de la contratación pública, el gobierno es el ordenante y una entidad privada es la productora. Sin embargo, ambos sistemas se diferencian por la forma de pago al productor. El Gobierno es el que paga al productor en el caso de los bienes o servicios contratados, y en cambio, en el supuesto de la franquicia, es el consumidor el que paga al productor por los bienes o servicios prestados.

El sistema de franquicia es particularmente aplicable en aquellas circunstancias en las que el Gobierno desea controlar las características del servicio, o aquellas otras en las que la financiación se realiza a través de subvenciones gubernamentales. En este sentido, sectores, tales como los transportes, en general, líneas aéreas, etc. son los candidatos ideales para la aplicación de esta modalidad.

Aunque no sin problemas, la franquicia constituye un procedimiento muy atractivo para compaginar la eficiencia y la competitividad. De hecho, se han conseguido logros muy importantes en la provisión de ciertos servicios, como el de la recogida de basuras, servicios de limpieza, etc. Sin embargo, en otros sectores que presentan por lo general dificultades de regulación, y de un peso económico muy importante, tales como el agua, energía, etc., la fran quicia plantea problemas de cierta consideración.

c) Concursos de contratación pública

Se trata de una concepción de la privatización, considerada desde un punto de vista mucho más amplio que el expuesto en la sección anterior. Ahora, se trata ya de contemplar, no la transferencia de la propiedad de la empresa pública al sector privado, sino de proceder a la privatización de la actividad de la propia empresa pública. Es, pues, una perspectiva mucho más amplia.

En este sistema de contratación pública, la empresa privada es la productora del bien o servicio, y el Gobierno el ordenante. En este método de contratos públicos, el Gobierno es el que: 1) Expresa las demandas de bienes y servicios públicos solicitadas democráticamente; 2) Inspecciona la provisión de los bienes y servicios por parte del sector privado; 3) Proporciona el pago de tales servicios al contratista.

La decisión de contratar con empresas privadas la provisión de servicios públicos o cualquier otra realización, no significa, en modo alguno, un fracaso de la actividad gubernamental, sino simplemente que se busca la manera de conseguir mejores logros mediante el aprovechamiento de las capacidades especializadas del sector privado.

Esta experiencia de privatización ha sido practicada, especialmente, por Estados Unidos, Inglaterra, gran parte de Europa Occidental y Japón y ha originado un extraordinario éxito de ahorro de los costes, que a nivel municipal han llegado a alcanzar incluso del orden del 40 al 60 por cien en USA.

3. LIBERACION O DESREGULACION

Este método de privatización es el más simple de todos. Por medio de él, el Gobierno se limita a derogar las normas que impedían a la iniciativa privada competir con el monopolio estatal. Con frecuencia la desregulación no consiste solamente en suprimir regulaciones preexistentes, sino también en promulgar una nueva normativa destinada a modificar las condiciones de la competencia en un mercado determinado.

La desregulación desempeña un papel muy importante en la liberalización de las restricciones existentes que condicionaban o impedían la entrada en un determinado mercado. Si el mercado que se liberaliza es perfectamente competitivo, las ganancias que se obtienen en la eficiencia de la asignación de recursos, indudablemente, se producirán. Sin embargo, se ha recomendado la regulación, o incluso la nacionalización, en la circunstancia de un mercado de monopolio natural, como remedio para conseguir unos precios óptimos y una asignación de los recursos eficaz. Esta opinión no es siempre compartida, señalándose el hecho de que retirar las barreras que obstaculizan la entrada en el mercado constituye un instrumento mucho más eficaz que proceder a su regulación. (Baumol, 1986, p. 38).

Debe ponerse de relieve, no obstante, que estas observaciones críticas a la regulación, no se refieren a la regulación en si misma considerada, sino más bien a la forma en que esta se pone en práctica. Es necesario, pues, establecer unos modos de regulación que, teniendo en cuenta sector por sector, y mercado por mercado, se adaptan plenamente a la realidad de cada caso concreto.

OBJETIVOS DE LA PRIVATIZACIÓN

2011-04-25T18:03:00.002-07:00

Es evidente que resulta muy difícil deslindar entre las razones o motivos de la privatización, y los objetivos que se persiguen al ponerla en práctica. Es casi imposible, en efecto, distinguir con claridad entre el por qué de la privatización y el para qué de la misma. Ambas consideraciones se encuentran íntimamente relacionadas y totalmente imbricadas en su origen y desarrollo. Unas veces, la una es primero, y la otra después, o a la inversa, o simplemente, las dos son la misma cosa.

No obstante, de forma totalmente ideal, pueden establecerse ciertos objetivos o fines a alcanzar en todo programa de privatización, que resulten claramente autoevidentes. Estos serían los siguientes, muy esquematicamente bosquejados:

1) Que las decisiones de dirección y de gestión de las empresas privatizadas resulten completamente despolitizadas.

2) Conseguir una mayor eficiencia en el rendimiento de las empresas privatizadas.

3) Alcanzar un mayor grado de competitividad en las empresas, liberalizando el mercado, para, precisamente, así obtener una mayor eficacia.

4) Procurar que los bienes y servicios proporcionados por las empresas privatizadas expresen los costes reales.

5) Que las inversiones realizadas reflejen el verdadero coste del capital utilizado.

6) Incrementar los fondos del Tesoro mediante la venta de los activos públicos.

7) Evitar el despilfarro que supone el mantenimiento de subvenciones continuas a empresas con pérdidas permanentes, y cortar así el déficit del presupuesto.

8) Ampliar el mercado de capitales permitiendo el acceso al mismo de nuevos inversores.

RAZONES DE LA PRIVATIZACION

2011-04-25T18:03:00.000-07:00

No resulta tarea fácil exponer los motivos determinantes de la privatización. Efectivamente, no existe, en general, una exposición sistemática de los mismos, sino que hay que extraerlos de los discursos ministeriales, de los debates parlamentarios y de un país a otro, y aún dentro del mismo país, varían de una época a otra. Además, los argumentos que se suelen esgrimir para justificar la privatización son muy diversos cuando no diametralmente opuestos. Por todo ello, es bastante complejo proporcionar un cuadro general y sistemático de los mismos.

Sin embargo, una primera serie de motivos podrían agruparse bajo la denominación de razones de tipo ideológico. Razones de esta naturaleza, son particularmente intensas y explícitas en Gran Bretaña y Francia. Se trata, fundamentalmente, de un sentimiento anti-Estado o anti-sector público, que pretende hacer retroceder la participación estatal en la vida económica, puesto que su intervención erosiona la responsabilidad personal y minimiza la iniciativa individual. En Francia, consiste en una tendencia en contra del dirigismo o Colbertismo, y en Gran Bretaña, se trata de una reacción, en contra del semi-colectivismo de la era de la posguerra. Esta corriente anti-estatal es común también, aunque con mucha menor intensidad, a otros países europeos, aunque no tiene mayor importancia en Italia, España, Bélgica o Alemania.

Otra razón de tipo ideológico, podría ser también la creencia de que las empresas públicas y los servicios proporcionados por el Estado, limitan la elección de los consumidores, al disfrutar de posiciones de monopolio dentro del mercado. Y finalmente, podría también considerarse como razón ideológica, el deseo y la intención expresada por muchos gobiernos de fomentar un "capitalismo popular", haciendo partícipes de la propiedad de las empresas privatizadas a sus empleados. Esta intención ha dado muy buenos frutos en determinados casos, y ha constituido un rotundo fracaso en otros.

Otro segundo grupo de razones podrían aglutinarse bajo la denominación de motivos de tipo económico. Estos motivos son de diferente alcance y pretensión, según los distintos países. Así, en Inglaterra se pretende lograr, por medio de la privatización, un cambio definitivo en las estructuras de la economía. En Francia entre 1986 y 1988, en cambio, se pretende conseguir un cambio en las reglas del juego de la economía. En ambos casos, las finalidades son muy ambiciosas y de alcance muy general. Se trata de proceder a una liberalización de prácticamente todos los mercados y conseguir así competitividad en todas las empresas, evitar los monopolios, y alcanzar una mayor eficacia.

Otra razón de carácter económico, la constituye precisamente, el objetivo de lograr una mayor eficacia sometiendo las empresas estatales a la disciplina del mercado. Se trata, en definitiva, de enfrentarlas con las sanciones que la economía de mercado implica, tales como la amenaza de quiebra y el peligro de la absorción. Pero esto supone, naturalmente, partir del principio de que las empresas públicas son mucho menos eficientes que las empresas pertenecientes al sector privado, lo cual, es tan solo, probablemente, una verdad a medias, o válida solamente en determinados casos.

Una razón más, también, de tipo económico, esta constituida por el objetivo de conseguir, por medio de la privatización, una racionalización de la cartera de activos de la empresa privatizada y una reorganización de las estrategias de inversión. Este motivo, precisamente, ha sido el que ha impulsado diversos procesos de privatización del Instituto Nacional de Industria en España.

Otra razón, ésta de tipo socioeconómico, estriba en que las presiones fiscales son mucho más fuertes sobre las empresas del sector público que sobre las del sector privado, y con sus excesivas exigencias sobre el nivel de salarios, alto nivel de empleo y trabajo ineficaz, hacen casi imposible su saneamiento financiero.

Y un motivo más para privatizar, muy ligado a los de tipo económico, lo constituye la reorganización de la "dirección" de las empresas públicas. Efectivamente, la privatización puede facilitar la superación de las incoherencias directivas de estas empresas, y poder proceder a una racionalización de sus estructuras directivas, viciadas frecuentemente por factores políticos. Sin embargo, experiencias muy recientes en Francia, España e Italia han demostrado que no es preciso poner en marcha, para ello, un proceso de privatización, puesto que estos objetivos pueden alcanzarse perfectamente dentro del mismo sector público, sin necesidad de transferencia de propiedad alguna.

Otro tipo de razones para privatizar, está constituida por los factores de carácter financiero. Es evidente, que la venta de los activos pertenecientes a empresas estatales constituye una fuente de ingresos muy importante, que pueden ingresarse en las áreas del Tesoro. De todos modos, constituye un tema muy delicado, que exige una administración rigurosa.

Otro motivo de este tipo, lo constituye también el hecho de que la privatización facilita enormemente el acceso a los mercados de capitales internacionales de una forma mucho más rápida y directa.

Otra razón, también de carácter financiero, la constituye el hecho de que al procederse a la privatización de una empresa estatal, se cortan de raíz los subsidios y subvenciones que se les estaban concediendo a empresas casi constantemente deficitarias.

Y una razón más de tipo financiero, consiste en que el proceso de privatización es capaz de ampliar el mercado de valores, introduciendo en él a muchos y nuevos inversores, y profundizarlo, a la vez, mediante al acceso al mismo de importantes empresas con fuertes posiciones en el mercado.

Otros argumentos de diversa índole, que aconsejan proceder a la privatización, son los siguientes: En primer lugar, cuando una empresa pública ha sido creada o nacionalizada en su día, para conseguir el logro de determinados objetivos, y estos han sido ya alcanzados, o no interesa ya su realización, esta empresa puede ser perfectamente privatizada. En segundo lugar, una empresa puede privatizarse con el fin de aligerar una carga administrativa que resulte demasiado pesada para el Estado, ya bien sea por la falta de medios de la Administración, o por la falta de personal capacitado. Ambos motivos de privatización son muy frecuentes en países en vías de desarrollo.

INVERSION EXTRANJERA

2008-11-10T10:40:00.002-08:00

Objeto de la Ley de Inversión Extranjera

Esta Ley es de interés publico y de observancia general en la República. Su objeto es promover la inversión mexicana y promover la inversión extranjera para estimular el desarrollo justo y equilibrado y consolidar la independencia económica del país.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá inversión extranjera la que se realice por:

I. Comisión: la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras;

II. II. Inversión extranjera:

(a) La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas;

(b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y

III. Inversionista extranjero: a la persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica;

IV. Registro: el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras;

V. Secretaria: la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial;

VI. Zona Restringida: La faja del territorio nacional de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta a lo largo de las playas, a que hace referencia la fracción I del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

VII. Cláusula de Exclusión de Extranjeros: El convenio o pacto expreso que forme parte integrante de los estatutos sociales, por el que se establezca que las sociedades de que se trate no admitiran directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros.

Para los efectos de esta Ley, se equipara a la inversión mexicana la que efectúen los extranjeros en el país con calidad de inmigrados, salvo aquella realizada en las actividades contempladas en los Títulos I y II de esta Ley.

La inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por lo dispuesto en esta Ley.

Las reglas sobre la participación de la inversión extranjera en las actividades del sector financiero contempladas en esta Ley, se aplicaran sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especificas para esas actividades.

Para efectos de determinar el porcentaje de inversión extranjera en las actividades económicas sujetas a limites máximos de participación, no se computara la inversión extranjera que, de manera indirecta, sea realizada en dichas actividades a través de sociedades mexicanas con mayoría de capital mexicano, siempre que estas ultimas no se encuentren controladas por la inversión extranjera.

2. Actividades reservadas y con regulación

Están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determinen las leyes en las siguientes áreas estratégicas:

I. Petróleo y demás hidrocarburos;

II. Petroquímica básica;

III. Electricidad;

IV. Generación de energía nuclear;

V. Minerales radioactivos;

VI. Se deroga;

VII. Telégrafos;

VIII. Radiotelegrafia;

IX. Correos;

X. Emisión de billetes;

XI. Acuñación de moneda;

XII. Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos; y

XIII. Las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros:

I. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería;

II. Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo;

III. Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable;

IV. Uniones de crédito;

V. Instituciones de banca de desarrollo

La inversión extranjera no podrá participar en las actividades y sociedades mencionadas en el presente articulo directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, u otro mecanismo que les otorgue control o participación alguna, salvo por lo dispuesto en el Titulo Quinto de esta Ley.

3. Adquisición y fideicomisos de bienes inmuebles

Se requiere permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores para que instituciones de crédito adquieran como fiduciarias, derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos, y los fideicomisarios sean:

I. Sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros en el caso previsto en la fracción II del articulo 10 de esta Ley; y

II. Personas físicas o morales extranjeras.

Se entenderá por utilización y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados en la zona restringida, los derechos al uso o goce de los mismos, incluyendo en su caso, la obtención de frutos, productos y, en general, cualquier rendimiento que resulte de la operación y explotación lucrativa, a través de terceros o de la institución fiduciaria.

La duración de los fideicomisos a que este capitulo se refiere, será por un periodo máximo de cincuenta anos, mismo que podrá prorrogarse a solicitud del interesado.

La Secretaria de Relaciones Exteriores podrá verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorguen los permisos previstos en el presente Titulo, así como la presentación y veracidad del contenido de los avisos dispuestos en el mismo.

La Secretaria de Relaciones Exteriores resolverá sobre los permisos a que se refiere el presente capitulo, considerando el beneficio económico y social que la realización de estas operaciones implique para la Nación.

Toda solicitud de permiso deberá ser resuelta por la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su presentación ante la unidad administrativa central competente, o dentro de los treinta días hábiles siguientes, si se presenta en las delegaciones estatales de dicha dependencia. Concluidos dichos plazos sin que se emita resolución, se entenderá aprobada la solicitud respectiva.

4. Constitución y Modificación de Sociedades

Se requiere permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores para la constitución de sociedades. Se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan, la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del articulo 27 Constitucional.

Se requiere permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores para que las sociedades constituidas cambien su denominación o razón social.

Las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión, deberán notificarlo a la Secretaria de Relaciones Exteriores, dentro de los treinta días hábiles siguientes a dicha modificación.

Si estas sociedades son propietarias de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida destinados a fines no residenciales, deberán dar el aviso a que se refiere la fracción I del articulo 10 de esta Ley, dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

Toda solicitud de permiso a que se refieren los artículos 15 y 16 de esta Ley deberá ser resuelta por la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se entenderá aprobada la solicitud respectiva.

5. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

La Comisión estará integrada por los Secretarios de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de Hacienda y crédito Publico; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de energía; de Comercio y Fomento Industrial; de Comunicaciones y Transportes; de Trabajo y Prevision Social, así como de Turismo, quienes podran designar a un Subsecretario como suplente. Asimismo, se podrá invitar a participar en las sesiones de la Comisión a aquellas autoridades y representantes de los sectores privado y social que tengan relación con los asuntos a tratar, quienes tendrán voz pero no voto. La Comisión se reunirá semestralmente, cuando menos, y decidirá sobre los asuntos de su competencia por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad, en caso de empate.

La Comisión será presidida por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y para su funcionamiento contara con un Secretario Ejecutivo y un Comité de Representantes.

El Comité de Representantes estará integrado por el servidor publico designado por cada uno de los Secretarios de Estado que integran la Comisión, se reunirá cuatrimestralmente, cuando menos, y tendrá las facultades que le delegue la propia Comisión.

6. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

El Registro no tendrá carácter publico, y se dividirá en las secciones que establezca su reglamento, mismo que determinara su organización, así como la información que deberá proporcionarse al propio Registro.

Deberán inscribirse en el Registro:

I. Las sociedades mexicanas en las que participe las inversión extranjera, incluso aquellas en las que esta participe a través de fideicomiso, y la inversión neutra;

II. Las personas físicas o morales extranjeras que realicen habitualmente actos de comercio en la Republica Mexicana, y sucursales de inversionistas extranjeros establecidas en el país; y

III. Los fideicomisos de acciones o partes sociales, de bienes inmuebles y de inversión neutra, por virtud de los cuales se deriven derechos en favor de la inversión extranjera.

La obligación de inscripción correrá a cargo de las personas físicas o morales a que se refieren las fracciones I y II y, en el caso de la fracción III, la obligación corresponderá a las instituciones fiduciarias. La inscripción deberá realizarse dentro de los 40 días hábiles contados a partir de la fecha de constitución de la sociedad o de participación de la inversión extranjera; de formalizacion o protocolizacion de los documentos relativos de la sociedad extranjera; o de constitución del fideicomiso respectivo u otorgamiento de derechos de fideicomisario en favor de la inversión extranjera.

El Registro expedirá las constancias de inscripción cuando en la solicitud se contengan los siguientes datos:

I. En los supuestos de las fracciones I y II:

(a) Nombre, denominación o razón social, domicilio, fecha de constitución en su caso, y principal actividad económica a desarrollar;

(b) Nombre y domicilio del representante legal;

(d) Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y calidad migratoria en su caso, domicilio de los inversionistas extranjeros en el exterior o en el país y su porcentaje de participación;

(e) Importe del capital social suscrito y pagado o suscrito y pagadero; y

(f) Fecha estimada de inicio de operaciones y monto aproximado de inversión total con su calendarizacion.

II. En el supuesto de la fracción III:

(a) denominación de la institucion fiduciaria;

(b) Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad de la inversión extranjera o de los inversionistas extranjeros fideicomitentes;

(c) Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad de la inversión extranjera o de los inversionistas extranjeros designados fideicomisarios;

(d) Fecha de constitución, fines y duracion del fideicomiso; y

(e) Descripcion, valor, destino y en su caso, ubicacion del patrimonio fideicomitido.

Una vez expedidala constancia de inscripción y sus renovaciones, el Registro se reserva la facultad de solicitar aclaraciones con respecto a la información presentada.

Cualquier modificación a la información presentada en los terminos de este articulo deberá ser notificada al Registro conforme a lo que establezca su reglamento.

En la constitución, modificación, transformacion, fusion, escision, disolucion y liquidacion de sociedades mercantiles, de sociedades y asociaciones civiles y en general, en todos los actos y hechos juridicos donde intervengan por si o representadas, las personas obligadas a inscribirse en el Registro en los terminos del articulo 32 de esta Ley, los fedatarios publicos exigiran a dichas personas o sus representantes, que les acrediten su inscripción ante el citado Registro, o en caso de estar la inscripción en tramite, que le acrediten la solicitud correspondiente. De no acreditarlo, el fedatario podrá autorizar el instrumento publico de que se trate, e informara de tal omision al Registro, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de autorizacion del instrumento.

Los sujetos obligados a inscribirse en el Registro, deberán renovar anualmente su constancia de inscripción, para lo cual bastara presentar un cuestionario económico-financiero en los terminos que fije el Reglamento respectivo.

Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a la Secretaria, los informes y las certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

LEGISLACIÓN COMERCIAL

2008-11-10T10:40:00.001-08:00

1. Organización Mundial de Comercio

Su objeto es otorgar al sistema multilateral de comercio una base legal más sólida y más amplia que la del Gatt. Constituirá un marco institucional más adecuado para la conducción de las relaciones comercial de todos los países

OBLIGACIONES.- Para ser miembros de la OMC los países deben aceptar todos los acuerdos de la ronda de Uruguay los cuales forman parte integral de la OMC.

Los países miembros de la OMC se obligan a hacer compatibles sus leyes y reglamentaciones nacionales con las disciplinas multilaterales.
Los países desarrollados como los país en desarrollo asumen nuevas obligaciones.
Se amplia el ámbito de competencia del sistema multilateral de comercio para incluir los temas de comercio de servicios y los derechos de propiedad intelectual.

DERECHOS

Solución de controversias.- Posibilidad de represalias para hacer respetar las decisiones de la OMC relacionadas con controversias comerciales.

Disminuir amenazas de represalias unilaterales por parte de algunos países industrializados.

2. Tratado de Libre Comercio Norteamericano y acuerdos bilaterales

El objetivo es vincular al país a un tratado con Estados Unidos y Canadá para incrementar las inversiones en industria, en los servicios y el campo. Más información:

3. Ley Federal de Protección al Consumidor.

Esta ley es de orden publico e interés general en toda la república. Promueve y protege los derechos del consumidor y procura la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

4. Ley Federal de Competencia Económica.

Esta ley es reglamentaria del articulo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre comercio. Tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de monopolios y además restricciones al funcionamiento de los mercados de bienes y servicios.

6. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Esta ley es reglamentaria a las disposiciones de la constitución que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, ambiente, en el territorio nacional.

Las disposiciones de esta ley rigen en todo el Territorio Nacional son de orden público e interés social, y tiene por objeto la protección, mejoramiento, conservación y restauración del ambiente, así como la prevención y control de la contaminación que lo afecte.

Serán motivo de prevención y control por parte del Ejecutivo Federal, los contaminante y sus causas cualquiera que sea su procedencia u origen, que en forma directa o indirecta dañen o degraden los ecosistemas y la salud de la población.

7. Empresas Integradoras

Son empresas de servicios especializados que asocian personas físicas y morales de escala micro, pequeña y mediana.

Su organización formal constituye una plataforma para el desarrollo y la modernización de los pequeños productores

8. Sistemas de Información Empresarial Mexicano

ARTÍCULO 27 Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Se establece el Sistema de Información Empresarial Mexicano a cargo de la Secretaría, como un instrumento de planeación del Estado; de información, orientación y consulta para el diseño y aplicación de programas enfocados principalmente al establecimiento y operación de las empresas; de referencia para la eliminación de obstáculos al crecimiento del sector productivo y, en general, para el mejor desempeño y promoción de las actividades comerciales e industriales.

La captación de la información y operación de dicho Sistema son de interés público.

ARTÍCULO 28. Las empresas deberán proporcionar al Sistema de Información Empresarial Mexicano dentro del primer bimestre de cada año, la información actualizada a que se refiere el artículo siguiente, en atención a la ubicación de cada establecimiento, a la actividad, giro y región correspondientes. Las empresas de nueva creación deberán proporcionar dicha información dentro de los dos siguientes meses a la fecha de su constitución.

Cuando una empresa cese parcial o totalmente en sus actividades, o cambie su giro o su domicilio, deberá manifestarlo así al Sistema, en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que estos hechos se produzcan.

ARTÍCULO 29. La información que determine la Secretaría y que deberá proporcionarse al Sistema de Información Empresarial Mexicano, será aquella necesaria para identificar las características de las empresas que participen en la actividad económica del país, a fin de conocer su oferta, demanda de bienes y servicios, y procesos productivos en que intervienen.

Dicha información no hará prueba ante la autoridad administrativa o fiscal, en juicio o fuera de él, y se presentará en los formatos que establezca la Secretaría, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO 30. Para la eficaz operación del Sistema de Información Empresarial Mexicano, la Secretaría autorizará a las cámaras y confederaciones que así lo soliciten y cuenten con los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios, para que en el ámbito de su circunscripción, actividad, giro y región correspondientes capten la información a que se refiere el artículo anterior.

Cumplir con la obligación de proporcionar al Sistema de Información Empresarial Mexicano la información a que se refiere este capítulo, en la cámara autorizada que corresponda, en ningún caso otorgará a las empresas los derechos o les impondrá las obligaciones inherentes a los afiliados a las cámaras.

ARTÍCULO 31. La Secretaría establecerá las reglas para la operación del Sistema de Información Empresarial Mexicano, así como para el uso de la información que contenga.

Las dependencias de la administración pública federal, estatal, municipal y el público en general podrán en cualquier momento consultar el Sistema.

CONCURSOS MERCANTILES

2008-11-10T10:39:00.001-08:00

1. Supuestos De Concursos Mercantiles

Objeto de la ley

Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil.

Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios.

Etapas del concurso mercantil

Artículo 2.- El concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra.

Incumplimiento generalizado de obligaciones vencidas

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, el incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones de un Comerciante a que se refiere el artículo anterior, consiste en el incumplimiento en sus obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos y se presenten las siguientes ondiciones:

I. Que de aquellas obligaciones vencidas a las que se refiere el párrafo anterior, las que tengan por lo menos treinta días de haber vencido representen el treinta y cinco por ciento o más de todas las obligaciones a cargo del Comerciante a la fecha en que se haya presentado la demanda o solicitud de concurso, y

II. El Comerciante no tenga activos enunciados en el párrafo siguiente, para hacer frente a por lo menos el ochenta por ciento de sus obligaciones vencidas a la fecha de la demanda.

Activos a considerar

Los activos que se deberán considerar para los efectos de lo establecido en la fracción II de este artículo serán:

a) El efectivo en caja y los depósitos a la vista;

b) Los depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a noventa días naturales posteriores a la fecha de admisión de la demanda;

c) Clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a noventa días naturales posteriores a la fecha de admisión de la demanda, y

d) Los títulos valores para los cuales se registren regularmente operaciones de compra y venta en los mercados relevantes, que pudieran ser vendidos en un plazo máximo de treinta días hábiles bancarios, cuya valuación a la fecha de la presentación de la demanda sea conocida.

Dictamen de visitadores y opiniones de expertos

El dictamen del visitador y las opiniones de expertos que en su caso ofrezcan las partes, deberán referirse expresamente a los supuestos establecidos en las fracciones anteriores.

OBLIGACION MERCANTIL

El derecho mercantil es, principalmente, derecho de obligaciones. Obligación es, dice el maestro Borja Soriano, la relación jurídica entre dos personas, en la que una de ellas, llamada deudor, queda sujeta para otra, llamada acreedor, a una prestación o a una abstención de carácter patrimonial, que el acreedor puede exigir del deudor.

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES

a ) Consiste en la entrega de la cosa debida o en la prestación del hecho que se hubiera prometido.

b ) En materia mercantil, según lo dispuesto por el artículo 83 del código de comercio, las obligaciones que no tuvieran término fijado por las partes o por la ley mercantil, serán exigibles a los diez días después de haber sido contraídas, si solo produjeran acción ordinaria y al día inmediato si llevaran aparejada ejecución.

c ) De acuerdo con el artículo 84 del código de comercio, en los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia o cortesía : Si faltase esta prohibición - dice Garrigues - al rigor propio de las obligaciones mercantiles se opondría la inseguridad en cuanto al tiempo del cumplimiento de la prestación debida.

d ) Cuando las partes nada hayan convenido sobre el lugar en que deba estar cumplida la obligación, deberá serlo en el lugar en que según la naturaleza del negocio o la intención de las partes deba considerarse adecuada al efecto por consentimiento de aquellos o arbitrio judicial ( Art. 86 Cód. com.)

e ) Si en el contrato no se determinaren con toda precisión la especie y calidad de las mercancías que han de entregarse, no podrá exigirse al deudor otra cosa que la entrega de mercancías de especies y calidad medias.

El cumplimiento de pago de una obligación de cualquier suma en moneda mexicana, se denominara en pesos mexicanos y en su caso en fracciones.

Las obligaciones en pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la república, para ser cumplida en esta se entregara el equivalente en moneda nacional.

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES

Incumplimiento de las obligaciones .- la mora “entendemos por mora en el incumplimiento de una obligación – dice Tena – el retardo de ese mismo cumplimiento, pero en cuanto constituye una falta del obligado, que produce en su contra las responsabilidades civiles consiguientes.”

En caso de mora , el deudor será responsable de los daños y perjuicios que por la misma se causen al acreedor . Por daño entendemos la perdida o menoscabo en el patrimonio, por la falta de cumplimiento de una obligación (Art. 2108 Cód. Civ.). Es perjuicio la privación de cualquier ganancia licita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación (Art. 2109 Cód. Civ.). Los daños y perjuicios deben ser consecuencia directa e inmediata del incumplimiento de la obligación , ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse (Art. 2110 Cód. Civ.)

Además, si el incumplimiento se refiere a una obligación nacida de un contrato bilateral , el acreedor tendrá el derecho de resolver la obligación o exigir su cumplimiento , con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos ( Art. 1949 Cód. Civ.).

La cláusula penal.- Los contratantes pueden estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de manera convenida. Cuando tal estipulación exista , en caso de incumplimiento , no podrán reclamarse , además , los daños y perjuicios sufridos (Art. 1804 Cód. Civ.).

Cuando en un contrato mercantil se haya fijado una pena para el caso de incumplimiento , l a parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena establecida; pero utilizando una de estas dos acciones quedara extinguida la otras, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación o porque esta no se preste en la forma convenida (Art. 88 cód, civ.)

3. Procedimiento de declaración de concurso mercantil

4. Interventoría

5. Efectos de la sentencia de concurso mercantil

6. Quiebra y sus efectos

CONCEPTOS GENERALES

I.- Caracteres y concepto.- Nuestra legislación consagra el principio de derecho que dispone que el deudor -persona física o moral- responde de sus deudas con todo su patrimonio (Art. 2964 Cód. civ.) . Así, normalmente los acreedores podrán hacer efectivos sus créditos en el patrimonio del deudor, en el orden de sus respectivos vencimientos.

Sin embargo, pueden presentarse determinadas situaciones anormales, en las que el patrimonio de una persona llega a ser insuficiente para cubrir totalmente sus deudas y es entonces preciso procurar la justa distribución de ese patrimonio entre todos sus acreedores. Esto es, distribuir el patrimonio insuficiente del deudor equitativamente entre todos los acreedores que tengan iguales derechos, respetando des- de luego el orden o prelación que la naturaleza especial de los créditos pueda darles.

Cuando el deudor tiene la calidad de comerciante le es aplicable, en aquella situación, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos (LQSP).

En síntesis, ha dicho RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, que la quiebra hace posible exigir el cumplimiento del deber que tiene el deudor de responder con todo su patrimonio frente a todos sus acreedores, los que, en caso de insolvencia del deudor común, deben concurrir para recibir un trato igual, según el orden y la preferencia que la ley establezca.

Cesación es, por tanto, la manifestación externa de la insolvencia permanente. De aquí que la investigación que el juez debe realizar" antes de declarar la quiebra, debe perseguir el descubrimiento de los signos exteriores del fenómeno, para deducir de éstos el convencimiento de la impotencia del patrimonio." (BRUNETTI.)

Así, el artículo 2° de la LQSP establece que, salvo prueba en contrario, se presumirá que el comerciante cesó en sus pagos, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento general en el pago de sus obligaciones líquidas y vencidas;

b) Inexistencia o insuficiencia de bienes en qué trabar ejecución al practicarse un embargo por incumplimiento de una obligación o al ejecutarse una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;

c) Ocultación o ausencia del comerciante sin dejar al frente de su empresa a alguien que legalmente. pueda cumplir con sus obligaciones;

d) En iguales circunstancias que en el caso anterior, el cierre de los locales de su empresa;

e) La cesión de sus bienes en favor de sus acreedores;

f) Acudir a expedientes ruinosos, fraudulentos o ficticios, para atender o dejar de cumplir sus obligaciones;

g) Pedir su declaración de quiebra;

h) Solicitar la suspensión de pagos y no proceder ésta, o si concedida, no se concluyó un convenio con los acreedores;

i) Incumplimiento de las obligaciones contraídas en convenio hecho en la suspensión de pagos;

j) En cualesquiera otros de naturaleza análoga.

La presunción a que se refiere el artículo 2° de la LQSP, se invalidará con la prueba de que el comerciante puede hacer frente a sus obligaciones liquidas y vencidas con su activo disponible.

3. Procedimiento de declaración de concurso mercantil

Causales del Concurso mercantil

Artículo 9.- Será declarado en concurso mercantil, el Comerciante que incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones.

Se entenderá que un Comerciante incumplió generalizadamente en el pago de sus obligaciones cuando:

I. El Comerciante solicite su declaración en concurso mercantil y se ubique en alguno de los supuestos consignados en las fracciones I o II del artículo siguiente, o

II. Cualquier acreedor o el Ministerio Público hubiesen demandado la declaración de concurso mercantil del Comerciante y éste se ubique en los dos supuestos consignados en las fracciones I y II del artículo siguiente.

Juez competente

Artículo 17.- Es competente para conocer del concurso mercantil de un Comerciante, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde el Comerciante tenga su Domicilio.

Solicitud de concurso por el comerciante

Artículo 20.- El Comerciante que considere que ha incurrido en el incumplimiento generalizado de sus obligaciones en términos de cualquiera de los dos supuestos establecidos en el artículo 10 de esta Ley, podrá solicitar que se le declare en concurso mercantil.

Documentos requeridos

La solicitud de declaración de concurso mercantil presentada por el propio Comerciante deberá contener el nombre completo, denominación o razón social del Comerciante, el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones, así como en su caso el domicilio social, el de sus diversas oficinas y establecimientos, incluyendo plantas, almacenes o bodegas, especificando en caso necesario en dónde tiene la administración principal de su empresa o en caso de ser una persona física, el domicilio donde vive y además, a ella deberán acompañarse los anexos siguientes:

I. Los estados financieros del Comerciante, de los últimos tres años, los cuales deberán estar auditados cuando exista esta obligación en términos de ley;

II. Una memoria en la que razone acerca de las causas que lo llevaron al estado de incumplimiento en que se encuentra;

III. Una relación de sus acreedores y deudores que indique sus nombres y domicilios, la fecha de vencimiento del crédito o créditos de cada uno de ellos, el grado con que estima se les debe reconocer, indicando las características particulares de dichos créditos, así como de las garantías, reales o personales, que haya otorgado para garantizar deudas propias y de terceros, y

IV. Un inventario de todos sus bienes inmuebles y muebles, títulosvalores, géneros de comercio y derechos de cualquier otra especie.

Trámite de la solicitud

La solicitud deberá tramitarse conforme a las disposiciones subsiguientes relativas a la demanda.

Demanda de declaración de concurso

Artículo 21.- Podrán demandar la declaración de concurso mercantil cualquier acreedor del Comerciante o el Ministerio Público.

Declaración de oficio

Si un juez, durante la tramitación de un juicio mercantil, advierte que un Comerciante se ubica en cualquiera de los supuestos de los artículos 10 u 11, procederá de oficio a hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales competentes y del Ministerio Público para que, en su caso, este último demande la declaración de concurso mercantil. Las autoridades fiscales sólo procederán a demandar el concurso mercantil de un Comerciante en su carácter de acreedores.

Admisión de la demanda

Artículo 24.- Si el Juez no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de solicitud o demanda de concurso mercantil, o si fueren subsanadas las deficiencias, admitirá aquélla. El auto admisorio de la solicitud o demanda dejará de surtir sus efectos si el actor no garantiza los honorarios del visitador, por un monto equivalente a mil quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto admisorio.

La garantía se liberará a favor del actor si el juez desecha la solicitud o demanda o dicta sentencia que declare el concurso mercantil.

En caso de que la demanda la presente el Ministerio Público no se requerirá la garantía a la que se refiere este artículo.

Contestación del comerciante

Artículo 26.- Admitida la demanda de concurso mercantil, el juez mandará citar al Comerciante, concediéndole un término de nueve días para contestar. El Comerciante deberá ofrecer, en el escrito de contestación, las pruebas que esta Ley le autoriza.

El juez, a solicitud del Comerciante, o de oficio, dictará las providencias precautorias que considere necesarias a fin de evitar que se ponga en riesgo la viabilidad de la empresa con motivo de la demanda o de otras que se presenten durante la visita, o que se agrave dicho riesgo, para lograr salvaguardar el interés público previsto en el artículo primero de la presente Ley.

Al día siguiente de que el juez reciba la contestación dará vista de ella al demandante para que dentro de un término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, adicione su ofrecimiento de pruebas.

Al día siguiente de que venza el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo sin que el Comerciante haya presentado su contestación, el juez deberá certificar este hecho declarando precluido el derecho del Comerciante para contestar y se continuará con el procedimiento. La falta de contestación en tiempo hará presumir, salvo prueba en contrario, como ciertos los hechos contenidos en la demanda que sean determinantes para la declaración de concurso mercantil. El juez deberá dictar sentencia declarando el concurso mercantil dentro de los cinco días siguientes.

Desistimiento de la solicitud o demanda

Artículo 28.- El Comerciante que haya solicitado su declaración de concurso mercantil o, en su caso, los acreedores que lo hayan demandado, podrán desistir de su solicitud o demanda, siempre que exista el consentimiento expreso de todos ellos. El Comerciante o los acreedores demandantes sufragarán los gastos del proceso, entre otros, los honorarios del visitador y, en su caso, del conciliador.

5. Efectos de la sentencia del concurso mercantil

Plazo para dictar sentencia

Artículo 42.- Sin necesidad de citación, el juez dictará la sentencia que corresponda dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo para la formulación de alegatos; considerando lo manifestado, probado y alegado por las partes además del dictamen del visitador. El juez deberá razonar las pruebas aportadas por las partes, incluyendo el dictamen del visitador.

Contenido de la sentencia

Artículo 43.- La sentencia de declaración de concurso mercantil, contendrá:

I. Nombre, denominación o razón social y Domicilio del Comerciante y, en su caso, el nombre completo y domicilios de los socios ilimitadamente responsables;

II. La fecha en que se dicte;

III. La fundamentación de la sentencia en términos de lo establecido en el artículo 10 de esta Ley, así como, en su caso, una lista de los acreedores que el visitador hubiese identificado en la contabilidad del Comerciante, señalando el monto de los adeudos con cada uno de ellos, sin que ello agote el procedimiento de reconocimiento, graduación y prelación de créditos a que se refiere el Título Cuarto de esta Ley;

IV. La orden al Instituto para que designe al conciliador a través del mecanismo aleatorio previamente establecido, junto con la determinación de que, entretanto, el Comerciante, sus administradores, gerentes y dependientes tendrán las obligaciones que la ley atribuye a los depositarios;

V. La declaración de apertura de la etapa de conciliación, salvo que el Comerciante haya solicitado su quiebra;

VI. La orden al Comerciante de poner de inmediato a disposición del conciliador los libros, registros y demás documentos de su empresa, así como los recursos necesarios para sufragar las publicaciones previstas en la presente Ley;

VII. El mandamiento al Comerciante para que permita al conciliador y a los interventores, la realización de las actividades propias de sus cargos;

VIII. La orden al Comerciante de suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir sus efectos la sentencia de concurso mercantil; salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, respecto de los cuales deberá informar al juez dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuados;

IX. La orden de suspender durante la etapa de conciliación, todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del Comerciante, con las excepciones previstas en el artículo 65;

X. La fecha de retroacción;

XI. La orden al conciliador de que se publique un extracto de la sentencia en los términos del artículo 45 de esta Ley;

XII. La orden al conciliador de inscribir la sentencia en el registro público de comercio que corresponda al Domicilio del Comerciante y en todos aquellos lugares en donde tenga una agencia, sucursal o bienes sujetos a inscripción en algún registro público;

XIII. La orden al conciliador de iniciar el procedimiento de reconocimiento de créditos;

XIV. El aviso a los acreedores para que aquéllos que así lo deseen soliciten el reconocimiento de sus créditos, y

XV. La orden de que se expida, a costa de quien lo solicite, copia certificada de la sentencia.

Notificación de la sentencia

Artículo 44.- Al día siguiente de que se dicte sentencia que declare el concurso mercantil, el juez deberá notificarla personalmente al Comerciante, al Instituto, al visitador, a los acreedores cuyos domicilios se conozcan y a las autoridades fiscales competentes, por correo certificado o por cualquier otro medio establecido en las leyes aplicables. Al Ministerio Público se le notificará por oficio. Igualmente, deberá notificarse por oficio al representante sindical y, en su defecto, al Procurador de la Defensa del Trabajo.

Inscripción y publicación de la sentencia

Artículo 45.- Dentro de los cinco días siguientes a su designación, el conciliador procederá a solicitar la inscripción de la sentencia de concurso mercantil en los registros públicos que correspondan y hará publicar un extracto de la misma, por dos veces consecutivas, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde se siga el juicio.

Las partes que no hayan sido notificadas en términos del artículo anterior, se entenderán notificadas de la declaración de concurso mercantil, en el día en que se haga la última publicación de las señaladas en este artículo.

6 Quiebra y sus efectos

Causales de la quiebra

Artículo 167.- El Comerciante en concurso mercantil será declarado en estado de quiebra cuando:

I. El propio Comerciante así lo solicite;

II. Transcurra el término para la conciliación y sus prórrogas si se hubieren concedido, sin que se someta al juez, para su aprobación, un convenio en términos de lo previsto en esta Ley, o;

III. El conciliador solicite la declaración de quiebra y el juez la conceda en los términos previstos en el artículo 150 de esta Ley.

LA DECLARACIÓN DE LA QUIEBRA

1. Iniciativa de la declaración.-El estado de quiebra siempre deberá ser declarado judicialmente; pero la iniciativa para esa declaración puede partir: a) De un juez; b) Del propio comerciante deudor; c) De uno o varios de sus acreedores; d) Del Ministerio Público (Art. 5°'? LQSP) .

a) Declaración de oficio. Establece el artículo 10 de la LQSP , que si durante la tramitación de un juicio advirtiese el juez una situación de cesación de pagos, procederá a hacer la declaración de quiebra correspondiente, si tuviere competencia para ello, o lo comunicara con urgencia al juez que la tenga.

Cuando el juez solamente tenga duda seria y fundada de tal situación de cesación de pagos, deberá ratificarlo a los acreedores y al Ministerio Público, a fin de que pidan, en su caso, la declaración respectiva dentro de un mes, a partir de la notificación. Mientras tanto, el juez adoptará las medidas necesarias para la protección de los intereses de los acreedores (Art. 10 y 11 LQSP) .

b) Declaración a petición del comerciante. Dice el artículo 6° de la LQSP, que el comerciante que pretenda la declaración de su estado de quiebra deberá presentar ante el juez competente demanda firmada por sí, por su representante legal o por apoderado especial (Art. 7° LQSP) .

c) y d) Declaración a solicitud de los acreedores o del Ministerio Público. La declaración de quiebra podrá hacerse también a solicitud escrita de uno o varios acreedores del comerciante o a petición del Ministerio Público (Art. 5°, LQSP) . Obsérvese que nuestra ley no exige la pluralidad de acreedores como condición para la declaración de quiebra.

En todo caso, los acreedores y el Ministerio Público deberá de mostrar que el deudor tiene la calidad de comerciante y que ha cesado en el pago de sus obligaciones (Art. 9° LQSP).

LAS CLASES DE QUIEBRA

I. Clases de quiebra.- Nuestra LQSP (Art. 91) reconoce tres clases de quiebra: a) Quiebras fortuitas; b) Quiebras culpables; c) Quiebras fraudulentas.

A) Quiebra Fortuita. Establece el artículo 92 de la LQSP, que se entenderá como quiebra fortuita la del comerciante a quien sobrevinieren infortunios que, debiendo estimarse casuales en el orden regular y prudente de una buena administración mercantil, reduzcan su capital al extremo de tener que cesar en sus pagos. Es decir, en tales casos la quiebra será simplemente un suceso desgraciado.

B) Quiebra culpable. Se considerará. quiebra culpable, dice el artículo 93 de la LQSP, la del comerciante que con actos contrarios a las exigencias de una buena administración mercantil haya producido, facilitado o agravado el estado de cesación de pagos. Son circunstancias que califican de culpable a la quiebra, las siguientes: a) Si los gastos domésticos y personales del comerciante hubieren sido excesivos y desproporcionados en relación a sus posibilidades económicas; b) Si hubiere perdido sumas con desproporción de sus posibilidades en juego, apuestas y operaciones semejantes en bolsas o lonjas; c) Si hubiere experimentado pérdidas como consecuencia de compras, de ventas o de otras operaciones realizadas para dilatar la quiebra; d) Si dentro del período de retroacción de la quiebra hubiera enajenado con pérdida o por menos del precio corriente efectos comprados a crédito y que todavía estuviere debiendo; e) Si los gastos de su empresa son mucho mayores de los debidos, atendiendo a su capital, su movimiento y demás circunstancias análogas (Art. 93 LQSP).

C) Quiebra fraudulenta. Disponen los artículo los 96 y 97 de la LQSP, que se reputará quiebra fraudulenta la del comerciante que: a) Se alce con todo o parte de sus bienes; b) Realce fraudulentamente, antes de la declaración, con posterioridad a la fecha de retroacción o durante la quiebra, actos u operaciones que aumenten su pasivo o disminuyan su activo; c) No llevare todos los litros de contabilidad o los alterare, falsificare o destruyere en términos de hacer imposible deducir la verdadera situación; d) Con posterioridad a la fecha de retroacción favoreciere a algún acreedor haciéndole pagos o concediéndole garantías o preferencias que éste no tuviere derecho a obtener; e) La quiebra de los agentes corredores, cuando se justifique que hicieron por su cuenta, en nombre propio o ajeno algún acto u operación de comercio distintos de los de su profesión aun cuando el motivo de la quiebra no proceda de estos hechos.

Salvo prueba en contrario, se presumirá fraudulenta: a) La quiebra del comerciante cuya verdadera situación no pueda deducirse de los libros; b) La quiebra de los agentes corredores si sobreviniere por haberse constituido garantes de las operaciones (' n que intervinieron (Art. 97 y 98 LQSP) .

2. Sanciones.-A los comerciantes declarados en estado de quiebra calificada de culpable se les impondrá la pena de uno a cuatro años de prisión (Art. 95 LQSP) .A los declarados en quiebra fraudulenta se les impondrá la pena de cinco a diez años de prisión y multa, que podrá ser hasta del diez por ciento del pasivo, que se hará efectiva sobre los bienes que queden después de pagar a los acreedores, o sobre los que tenga o adquiera después de la conclusión de la quiebra (Art. 99 LQSP) .

Además, los comerciantes reconocidos culpables de quiebra culpable o fraudulenta, podrán ser condenados: 1° A no ejercer el comercio hasta por el tiempo que dure la condena principal; 2° A no ejercer cargos de administración o representación en ninguna clase de sociedades mercantiles, durante el mismo tiempo (Art. 106 LQSP) .

Cuando la quiebra de una sociedad fuere calificada de culpable o fraudulenta, la responsabilidad recaerá sobre los directores, administradores o liquidadores de la misma, que resulten responsables de los actos que califican la quiebra (Art. 101 LQSP).

SUSPENSION DE PAGOS

La declaración de quiebra podrá hacerse a solicitud escrita del comerciante, de uno o varios de sus acreedores, o del ministerio publico, o bien de oficio, por el juez en los casos en que la ley lo dispone.

Toda sentencia en que se declare una quiebra contendrá:

El nombramiento del sindico y del interventor.
La orden para seguir y dar posesión al sindico, de todos los bienes y derechos de cuya administración y disposición se prive al deudor, así como la orden al correo y telégrafo para que se entregue al sindico toda la correspondencia del quebrado.
La prohibición de hacer pagos o entrega de efectos o bienes al deudor común, bajo apercibimiento de doble pago en caso de desobediencia.
La citación a los acreedores en un termino de 45 días a partir de la ultima publicación de la sentencia de la declaración a fin de que presente sus créditos, para examen.
La convocatoria a una junta de acreedores que se efectuara en un plazo de 45 días y por excepción, en un plazo máximo de 90 a partir de los 15 días siguientes aquel en que termine el plazo de la citación.

Rehabilitación del Quebrado.- Es la situación por medio de la cual el comerciante fallido recobra su actitud anterior para el libre ejercicio del comercio y su plena capacidad en el manejo y administración de sus bienes. La rehabilitación debe ser declarada por el juez en atención a diversas causas

CONTRATOS MERCANTILES

2008-11-10T10:37:00.000-08:00

Contrato.- Es el acuerdo de dos o mas personas que produce o transfiere obligaciones y derechos; es una especie del genero convenio, que es el acuerdo para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

· ELEMENTOS DEL CONTRATO:

A) El consentimiento.

B ) El objeto que pueda ser materia del mismo.

El consentimiento es la manifestación de voluntad, que debe ser libre, esto es sin vicios (error, violencia, dolo o mala fe); por la que una persona da su aprobación para celebrar un contrato. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signo inequívocos. El consentimiento tácito resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo.

Son objeto de los contratos: 1^a la cosa que el obligado debe dar, 2^a el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Para poder ser objeto del contrato, las cosas deben reunir los requisitos siguientes :

1^a Existir en la naturaleza.

2^a Ser determinadas o determinables.

3^a Estar en el comercio.

· DIVERSAS CLASES DE CONTRATO MERCANTIL

1. Contrato Apertura de Crédito

La apertura de crédito es un contrato mediante el cual una persona (el acreditante, banco o particular) se obliga con otra) (el acreditado) a poner a su disposición una cantidad de dinero determinada, o a emplear su crédito en beneficio de aquel.

El artículo 291 de la Ley de Títulos y Operaciones de Créditos lo define como:

Que es un contrato por lo que el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a asumir una obligación por este, quien se compromete a restituir dicha suma o a cubrir el importe de dicha obligación si fuere cumplida por el acreditante.

Se caracterizan por el hecho de que el banco se compromete a poner dinero a disposición del acreditado o a asumir una obligación de dar dinero, a favor del acreditado, que se compromete a restituir la cantidad que el banco le entrego directa o indirectamente, al cumplir la obligación que asumió por aquel.

1.- Apertura de crédito simple: si es simple, el acreditado debe disponer en una sola vez de que se le concede sin tener derecho a hacer reembolsos parciales que hagan recuperar el crédito su cuantía primera.

2.- Apertura de crédito en cuenta corriente: Es en cuenta si se conviene de modo expreso que el acreditado podr5a disponer del importe del mismo en uno o en varios actos, al mismo tiempo que tiene el derecho de rembolsar total o parcialmente la parte del crédito que haya dispuesto, para aumentar la cuantía de la cantidad disponible.

2. CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE

Es un convenio por el cual las dos partes que lo celebran se obligan a anotar los créditos derivados de sus remesas reciprocas como partidas del abono o de cargo en una cuenta y estipulan que solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituirá un crédito exigible y disponible.

Se caracteriza por los siguientes elementos:

Las remesas deben ser reciprocas: Es decir que exista la posibilidad de que ambos cuentacorrentistas se hagan remesas reciprocas, aunque pueda darse el caso de que solo uno de los cuentacorrentistas haga remesas en virtud de que el otro no se haya visto en necesitad de hacerlas.

Solo el saldo constituye un crédito exigible y disponible: Los créditos que nacen de las remesas se anotan como partida de abono o de cargo en la cuenta, no son exigibles aisladamente sino que tiene que esperarse a la época de la clausura de la cuenta para que sumado el importe de las remesas hechas y recibidas se obtenga el saldo que será el crédito exigible y disponible.

Su aplicación: Es de uso frecuente entre comerciantes y banqueros que están en constantes relaciones de negocios.

Su naturaleza jurídica. Es bilateral, onerosa y conmutativa.

Terminación de la cuenta:

Por vencimiento de plazo.
Por denuncia del contrato, sino se fijo plazo.
Por muerte o incapacidad superveniente de uno de los cuentacorrentistas, si sus herederos o representantes optan por dicha terminación.
Por el embargo a uno de los cuentacorrentistas del saldo eventual de la cuenta corriente.

3. CONTRATO DE DEPOSITO

El deposito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante, a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía, y a guardarla para restituirla cuando lo pida el depositante.

Es un contrato real, que solo se perfecciona por la entrega de las cosas, quedando constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituya su objeto.

El deposito puede ser oneroso y puede ser gratuito. Es bilateral, pero imperfecto, como se deduce del estudio de los derechos y obligaciones del depositante y del depositario.

Obligaciones del depositario:

a) Custodia: La obligación de custodiar las cosas recibidas en deposito. El código Civil en su artículo 2522 nos dice: El depositario esta obligado a conservar la cosa objeto del deposito, según la reciba, y a devolverla, cuando el depositario se lo pida, aunque el constituirse el deposito se hubiera fijado plazo y este no hubiere llegado.

b) Restitución: Si los depositantes fueran varios el depositario no podrá entregar la cosa depositada, sino con previo consentimiento de la mayoría de los mismos, computa por cantidades y no por personas, a no ser que al constituirse el deposito se haya convenido que la entrega se haga a cualquiera de los depositantes.

4. EL CONTRATO DEL DESCUENTO.

Un descuento es la adquisición al contado de un crédito a plazo. Puede decirse que el descuento es una operación por lo cual una persona adquiere un titulo de crédito antes de su vencimiento mediante el pago de su valor nominal menos una compensación por el tiempo que deberá transcurrir entre la fecha de la operación y el vencimiento del titulo. Esta operación consta de un descontador o descontante que es la persona que adquiere el titulo de crédito y la que lo transmite denominada descontatario.

La operación de descuento se caracteriza por los siguientes elementos esenciales:

a) Es una operación que tiene por objetivo títulos de créditos que pueden ser nominativos o al portador.

b) La operación debe efectuarse antes de la fecha de vencimiento del titulo.

c) El descontador adquiere la propiedad plena del título descontado que le trasmite al descontatario.

En la practica de esta operación se tiene en cuenta tres circunstancias fundamentales:

El plazo: El plazo de descuento se calcula desde la fecha en que se realiza la operación hasta el día de vencimiento del titulo.

Garantías económicas: Debe estudiarse el origen del título. Tratándose del descuento bancario se consideran privilegiados los descuentos de títulos relacionados con alguna actividad de producción circulación de bienes.

Garantías jurídicas: Para resolver sobre una operación de descuento también se atiende a las garantías personales o reales que ofrezcan los títulos descontados.

5. CONTRATO DE CREDITO DE HABILITACION O AVIO

El contrato de crédito de habilitación o avio es un convenio en el cual el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, obligándose a este a invertir el importe del crédito en la adquisición de las materias primas y materiales, en el pago de los jornales, de los salarios o gastos de transportación.

En este crédito el importe dado debe invertirse necesariamente en lo determinado en el contrato. El crédito queda garantizado con las materia primas y materiales adquiridas, con los frutos productos o artefactos que se obtengan con el crédito.

Estos contratos de crédito deben señalarse por escritos privado en el que se haga constar, el fin de la operación, la duración del crédito y la forma en que la persona podrá disponer del crédito.

De este crédito deben hacerse tres copias que son firmados por el acreditante y el acreditado ante dos testigos conocidos y siendo ratificados por el encargado del registro publico.

Las obligaciones del acreditante son:

Entregar al acreditado la suma convenida en los términos señalados en el contrato.
Vigilar la inversión.

Las obligaciones del acreditado son:

Invertir los fondos en los objetivos determinados en el contrato.
Atender su negociación con la diligencia debida.
Devolver al acreditante las sumas que proporciono y pagarle los intereses y gastos convenidos.

6. CONTRATO DE SUMINISTRO

"Contrato por el cual el suministrante se obliga a realizar prestaciones periódicas o continuas de cosas, a favor del suministrado, y éste se obliga a pagarle por ello un precio cierto en dinero."
Suministro es el contrato en el que el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas.

Pueden señalarse como funciones económicas de este contrato:

-* El facilitamiento de la colaboración interempresarial mediante la posibilidad de las partes de cooperar entre sí, sin perder su independencia.
- * Permite al suministrante asegurarse la colocación de una cantidad determinada de productos lo que disminuye sus costos administrativos y la cantidad de personal que necesita
- * El Suministrado puede satisfacer sus necesidades para continuar la producción en forma segura y rápida al evitar celebrar contratos de compra venta sucesivos y distintos. Y se libera de la actividad que implica procurarse de las cosas

El suministro es un contrato mixto o combinado, una parte se obliga a realizar prestaciones correspondientes a distintos tipos contractuales, mientras que la otra parte se obliga a una única prestación. En este caso específico es el suministrante quien se obliga a cumplir con diferentes prestaciones:ejemplos Entrega cosas: compra venta o locación de cosas
Realiza actos tendientes disposición: Locación de servicio o de obra Y el Suministrado es quien se obliga a la prestación única: pagar el precio

Elementos :

Consentimiento: El contrato se perfecciona con la manifestación del consentimiento de las partes, pero al tener la particularidad de ser un contrato de adhesión, el suministrado no tiene más opciones que aceptar o no las condiciones estipuladas por el suministrante; por lo cual, se podría hablar de un consentimiento condicionado.

Objeto: el contrato tiene por objeto inmediato: prestaciones de dar o hacer que se necesitan para entregar la cosa y pagar el precio Y por objeto mediato tiene a la propia cosa que se suministra.

7. CONTRATO DE CREDITO HIPOTECARIO

Una hipoteca es un préstamo de dinero que le permite comprar un hogar u otros bienes raíces. Es mucho dinero que usted pagará durante un tiempo muy largo.

Un pago de la hipoteca tiene por lo menos dos componentes: Principal e interés. (Usted también puede ser responsable por el seguro y otros costos que figuran en su pago mensual que se llama una prima.) El principal es la cantidad original del préstamo, y el interés es una cuota que el prestamista le cobra a cambio de prestarle dinero. Los pagos de principal e interés están divididos en pagos mensuales durante la validez del préstamo. Al principio, sus pagos mensuales se aplicarán principalmente al interés. Después de un tiempo, las proporciones más grandes de sus pagos mensuales empiezan a aplicarse al principal, y así es como comienza a acumular capital.

Uno de los tipos de problemas más importantes a resolver cuando esté realizando cálculos de pago de hipoteca es la cantidad requerida para amortizar el préstamo. Amortizar quiere decir pagar por plazos.

Para calcular el número de pagos que se requiere para pagar la suma de intereses y principal en un período fijo de tiempo, usted puede usar la fórmula que se indica a la izquierda. Primero, será necesario que calcule el factor de descuento. El factor de descuento es la cantidad que cuando se divide entre la cantidad total del dinero que se pide prestado, resulta en la cantidad que tiene que pagar en cada período.

8. CONTRATO DE CARTA DE CREDITO

Es un instrumento de pago, sujeto a regulaciones internacionales, mediante el cual un banco (Banco Emisor) obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un cliente (ordenante) debe hacer un pago a un tercero (beneficiario) contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones de crédito.

En otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma de dinero indicada, dentro de determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados.

Este instrumento es uno de los documentos más sencillos en su forma y de los más complejos en cuanto a su contenido. Llamada también "Crédito Comercial", "Crédito Documentario", y en algunas ocasiones simplemente crédito.
Toda carta de crédito tiene su origen en un contrato de compra-venta de mercancías (aunque puede originarse en la prestación de servicios).

En resumen las cartas de crédito son: una promesa de un banco o instituto de crédito de pagar una cierta suma de dinero; se paga contra la presentación de documentos que certifican un hecho o acto jurídico; su plazo para hacer uso de la carta de crédito debe estar pre-establecido. Vencido el plazo, el beneficiario de la carta de credito no puede girar sobre esta; debe ser emitido por un banco comercial.

9. CONTRATO DE PRESTAMO MERCANTIL

Es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al otro, el que se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.

10. CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL

Es aquel por el cual uno de los contratantes (vendedor) se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro (comprador), a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.

Elementos esenciales del contrato

La cosa debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie.

El precio deberá pagarse precisar lente en dinero y ser determinado o determinable.

Forma.- el contrato de compraventa, no requiere para su validez formalidad alguna especial.

La voluntad de las partes puede manifestarse de cualquier modo, a menos que la ley imponga una forma especial, como es el caso de la compra venta de inmuebles.

11. CONTRATO DE COMISION O MANDATO MERCANTIL

Es aquel por el que una persona ( comisionista) se obliga a ejecutar o realizar por cuenta de otra (comitente) los actos concretos de comercio que este le encarga.

Elementos del contrato:

a) Consentimiento. La comisión es perfecta por la simple aceptación del comisionista. Este libre de aceptar o no el encargo que le hace el comitente, pero si lo rehúsa, lo avisara así inmediatamente, o por el correo mas próximo al día en que recibió la comisión, si al comitente no residiera en el mismo lugar.

b) Objeto.- El objeto de la comisión lo constituye la realización del acto o actos de comercio encargados al comisionista por el comitente.

c) Forma.- La comisión puede otorgarse por escrito o verbalmente. En este ultimo caso, la comisión deberá ratificarse por escrito, antes de que concluya el negocio para el que se dio.

12. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE

Una persona llamada porteador se obliga, mediante una retribución o precio, a trasladar cosas o personas de un lugar a otro.

El contrato se reputará mercantil cuando : a) tenga por objeto mercaderías o efectos de comercio; b) cuando siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes para el publico.

Elementos personales del contrato del transporte de cosas son :

a) el porteador, que es la persona que se obliga a ejecutar el transporte

b) el cargador (o remitente), que es la persona que entrega al porteador las cosas para su transporte;

c) el consignatario (o destinatario), que es a quien o a cuya orden van dirigidas las cosas objeto del transporte.

CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION

El articulo 252 dela LSM define a la asociación en participación como un contrato por el cual una persona (llamada asociados) concede a otra u otras ( llamadas asociados } que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y perdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio.

La asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación.

La asociación en participación aun cuando se encuentra regulada por la LSM, no es una sociedad mercantil.

Forma del Contrato.- En el contrato de asociación en participación, que debe hacerse constar por escrito, se fijaran los términos, proporciones de interés y demás condiciones en que deba realizarse.

El contrato de asociación en participación no esta sujeto a registro.

1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Es un convenio que no causa al arrendador utilidades o pérdidas características de fabricantes o comerciantes del activo arrendado, pero transfiere al arrendatario esencialmente todos los beneficios y riesgos inherentes al bien arrendado; además:

No se espera tener problemas en la cobranza de los pagos mínimos estipulados por el contrato.
Se reconocen todos los elementos importantes de los costos a incurrirse por el arrendador de acuerdo con las estipulaciones del contrato ( Es solamente el arrendador quien tiene que distinguir entre las dos modalidades del arrendamiento capitalizable: el arrendamiento-venta y el arrendamiento financiero.

Ventajas de un Contrato de Arrendamiento Financiero:

El arrendatario se ahorra un desembolso sustancial e inmediato de dinero, ya que estos contratos no requieren mínima inicial, sino que se otorgan sobre el monto total del bien a arrendar.

El arrendatario si así lo desea siempre utilizará bienes muebles de última tecnología, porque través de esta figura renovar en forma constante los activos incorporados a la producción de la renta.

En caso de producirse el bien por corto tiempo (para producir un producto que se elabora por temporadas, en caso de empresas que están comenzando y no tiene un futuro cierto sobre el éxito de su producto, etc.), el mismo se podrá devolver de acuerdo a los plazos (los cuales son flexibles) establecidos en el contrato.

Si el arrendatario desea quedarse con el bien arrendado con solo cancelar el valor de rescate al final del contrato, el bien pasa a ser de su propiedad.

2. CONTRATO DE SEGURO

El contrato de seguro es un contrato bilateral, ya que las partes se obligan recíprocamente. Es un contrato oneroso por que las partes estipulan gravámenes y provechos recíprocos. Es un contrato aleatorio.

CONTRATOS DE GARANTIA.

A) LA PRENDA MERCANTIL

En materia mercantil es aplicable el concepto de prenda del derecho común. El artículo 2856 del Código civil para el D.F. dice, que la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago.

La prenda es mercantil cuando se constituye para garantizar un acto de comercio o cuando recae sobre cosas mercantiles (títulos de crédito).

B) LA FIANZA MERCANTIL.

Es un contrato por el cual una persona, llamada fiador, se compromete con el acreedor a pagar por el deudor (fiado), si éste no lo hace.

4. CONTRATO DE FIDEICOMISO

Fideicomiso: Figura jurídica mercantil en virtud de la cual un fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando su realización a una institución fiduciaria. Acto por el cual se destinan ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando a una institución fiduciaria la realización de ese fin. La ley mexicana sólo acepta el fideicomiso expreso.

Fideicomisario: Es la persona física o moral que tiene la capacidad jurídica necesaria para recibir el beneficio que resulta del objeto del fideicomiso, a excepción hecha del fiduciario mismo.

Fideicomiso: Entidad de la Administración Pública Paraestatal creada para un fin lícito y determinado, a efecto de fomentar el desarrollo económico y social a través del manejo de ciertos recursos que son aportados por el Gobierno Federal y administrados por una institución fiduciaria. La estructura del fideicomiso público está formada por tres elementos: los fideicomisarios o beneficiarios; el fideicomitente, atribución que corresponde únicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la Fiduciaria, que puede ser cualquier institución o sociedad nacional de crédito.

Fideicomitente: Es aquél que entrega ciertos bienes para un fin lícito a otra persona llamada fiduciario para que realice el fin a que se destinaron los bienes. Sólo pueden ser fideicomitentes las personas físicas o morales que tengan la capacidad jurídica necesaria para hacer la afectación de los bienes y las autoridades jurídicas o administrativas competentes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público representa, como fideicomitente único, a la Administración Pública Centralizada en los fideicomisos que ésta constituye.

Fiduciario: Heredero o legatario de un fideicomiso. La persona encargada de realizar el fin para el cual ha sido constituido el Fideicomiso. En México sólo las instituciones de crédito debidamente autorizadas al efecto pueden ser fiduciarias.

5. CONTRATO DE FACTORAJE

Actividad financiera prevista en la Ley General de Organización y Actividades Auxiliares de Crédito, mediante la cual se establece un contrato de crédito para la obtención de liquidez inmediata, pudiendo ser ésta un pago único o una línea de crédito; la garantía de dicho crédito es la cesión en favor del factorante (quien otorga el crédito) del valor de las facturas (derechos de cobro) por la producción de bienes y/o prestación de servicios de el facturado (el receptor de crédito). El costo financiero del factoraje es el que asume el facturado por los servicios de administración y cobranza de los derechos de crédito.

6. CONTRATO DE MUTUO

Salvo pacto expreso en contrato, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo.
Salvo reserva expresa, el documento de recibo de los intereses correspondientes a un periodo de pago hará presumir que se han pagado los anteriores.
Si no se estipula un termino cierto para la restitución, o si éste se deja a la voluntad o a las posibilidades del mutuario, se hará su fijación por el juez competente, tomando en consideración las estipulaciones del contrato, la naturaleza de la operación a la que se haya destinado el préstamo y las circunstancias personales del mutuante y del mutuario.

Cuando el mutuo no sea en dinero y la restitución de las cosas se haga imposible o notoriamente difícil, por causas no imputables al mutuario, éste deberá pagar el valor correspondiente a tales cosas en la época y lugar en que debe hacerse la devolución.
El mutuante deberá indemnizar los daños que por los vicios ocultos o la mala calidad de la cosa mutuada sufra el mutuario, si éste los ha ignorado o podido ignorar sin su culpa.

Cuando el mutuo se estipule sin intereses, el mutuante sólo estará obligado a la indemnización indicada si teniendo conocimiento de la mala calidad o vicios ocultos de la cosa mutuada, no haya advertido de ellos al mutuario.

TITULOS DE CREDITO

2008-11-10T10:36:00.000-08:00

1. Concepto y Clases

El artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, define los títulos de crédito o títulos valor como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna.

Señala Rafael De Pina que el título de crédito es el "documento que autoriza al portador legítimo para ejercitar contra el deudor y transferir, el derecho literal y autónomo en él consignado."

2. Características

De las anteriores definiciones, se señalan como caracteres comunes de los titulosvalor: la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía.

A. Incorporación

Se dice que el derecho esta incorporado al título de crédito, porque se encuentra tan íntimamente ligado a él, que sin la existencia de dicho título tampoco existe el derecho ni, por tanto, la posibilidad de su ejercicio. "El derecho no se puede exigir ni transmitir sin el documento, y a su vez, cuando se dispone del documento se ha dispuesto del derecho materializado en él mismo."

Cervantes ahumada afirma que "la incorporación del derecho al documento es tan íntima que el derecho se convierte en algo accesorio del documento […] el documento es lo principal y el derecho lo accesorio: el derecho ni existe ni pude ejercitarse, si no es en función del documento."

Para Tena "la incorporación […] consiste en el consorcio indisoluble del título con el derecho que representa […] entre el derecho y el título existe una cópula necesaria […], el primero va incorporado en el segundo." En otras palabras, la incorporación "consiste en la permanente conexión entre el título y el derecho que éste representa, en virtud de la cual sólo quien posea aquél puede ejercitar éste."

B. Legitimación

La legitimación es la función que tiene el título de investir al adquirente, del derecho que le transmite el anterior tenedor; "consiste en la certeza y seguridad jurídica necesarias para determinar que quien cobra la deuda cambiaria es verdaderamente el que tiene derecho de hacerlo."

"Los títulos de crédito otorgan a su tenedor el derecho de exigir las prestaciones en ellos consignadas. La posesión y presentación del título de crédito legitima a su tenedor: lo faculta para ejercitar el derecho y exigir la prestación." "La primera función que cumple el título emitido es la de servir de medio exclusivo de legitimación para el ejercicio del derecho en él consignado […]. Por legitimación o investidura formal […] se entiende el poder de ejercitar un derecho, independientemente de ser o no su titular. Así pues, la función de legitimación de los títulos de crédito no consiste en probar que el beneficiario o detentador es titular del derecho en él documentado, sino en atribuir a éste el poder de hacerlo valer."

En su aspecto pasivo, se habla también de legitimación, que opera a favor del deudor, el que se libera cuando paga al tenedor legítimo.

C. Literalidad

Es literal el derecho, porque su existencia y ejecución se regula al tenor del documento y en la extensión que del mismo resulta.

El artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se refiere al derecho literal. De ello se desprende que el derecho y la obligación contenida en un título de crédito están determinados estrictamente por el texto literal del documento. O mas claramente: "El derecho es tal y como resulta del título, según lo que en él aparece consignado, o lo que es expresamente invocado por el mismo y, por lo tanto, cognoscible a través de él."

D. Autonomía

Se dice que el derecho incorporado a un título de crédito es autónomo, porque al ser transmitido aquel título atribuye a su nuevo tenedor un derecho propio e independiente y, consecuentemente, el deudor no podrá oponerle las excepciones personales que podría haber utilizado contra el tenedor anterior. Esto es, los obligados no podrán oponer al último tenedor las excepciones personales que pudieran haber formulado contra los tenedores precedentes.

La autonomía consiste pues, "en disfrutar en forma independiente el derecho incorporado en el título […] significa que la adquisición del derecho por parte del nuevo adquirente es originaria no derivada, aunque la adquisición del título sea derivativa, y, por lo tanto, el deudor no puede oponer las excepciones personales que le asistirían contra el poseedor anterior."

La mayor parte de los autores considera que los cuatro elementos antes analizados son esenciales porque son los que conforman el concepto de titulosvalor. Los otros: abstracción, circulación y titularidad son consecuencia de aquellos.

3. Letra de Cambio

Es un documento literal que contiene una orden incondicional e pago dada por una persona llamada girado, para que pague a la orden de un tercero llamado beneficiario, cierta cantidad de dinero en la fecha y lugar señalados en el documento

REQUISITOS FORMALES ( LITERALES)

La mención de ser letra de cambio inserta en el texto del documento

Requisito indispensable para la eficacia del Título

Su omisión trae como consecuencia que el papel no surta efectos en calidad del Título de Crédito.

La expresión del lugar, del día, mes y año en que se suscribe.

El cumplimiento de este requisito tiene importancia fundamental para poder determinar la prescripción y la caducidad.
Su omisión acarrea la ineficacia de la letra como tal.

La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero .

Es la formula cambiaria con la cual se perfecciona la triangulación de la letra de cambio
Su omisión acarrea la ineficacia del titulo.

Nombre del Girado .

Es el sujeto con el que el girador mantiene una relación subyacente dándose de esta manera la triangulación
Su omisión no permite que exista dicha triangulación y el papel no surte como letra de cambio.

El lugar y la época de pago.

Si no estipula el lugar de pago se tendrá como tal el domicilio del girado, si tuviere varios se podrá exigir el pago en cualquier de ellos, a elección del tenedor
Si se omite la fecha del pago, la presunción legal es que la letra vencerá a la Vista..

Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.

El simple enunciado de este requisito permite concluir que la letra no se puede emitir al portador sino que es NOMINATIVA
Su omisión causa que el papel no surta efectos de la letra de cambio

Firma del Girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre.

Es el requisito verdaderamente indispensable para que el título nazca a la vida del mundo del Derecho, es la manifestación de la voluntad de querer obligarse cambiariamente
Su omisión causa la no existencia de la obligación y como consecuencia no existe el Título de Crédito.

ELEMENTOS PERSONALES

Girador es el verdadero creador de la letra
Girado es el deudor, sujeto pasivo de la obligación (Legitimación activa para cobrar el docuemnto)
Beneficiario es el acreedor, quien tiene la legitimación activa para cobrar el documento

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ELEMENTOS PERSONALES

GIRADO.

Es la obligación más importante, es el principal responsable, primero de la aceptación y segundo del pago de la letra, en caso de que el girado no la acepte.

BENEFICIARIO

El derecho por excelencia es el cobro cambiario, que se ejercita en la fecha del vencimiento. La obligación más importante es exhibir y en su caso, restituir la letra contra el pago, al paso de que no hacerlo no podrá ejercitar su derecho.

Otras obligaciones :

No poder actuar en contravención de la hipótesis panteadas en la literalidad del titulo ( No puede cobrar una cantidad distinta, en un domicilio diferente en una fecha diversa a otra, persona, en moneda distinta a la nacional etc

GIRADO/ACEPTANTE

Puede llegar a ser el aceptante y principal obligado o nunca llegar a serlo, pero de aceptar se convierte en el principal obligado del pago cambiario. Otras obligaciones; cerciorase de la personalidad de quien le cobra o verificar una serie no interrumpida de endosos.

Derechos:

Poder negarse a pagar si no se le entrega la letra, no pagar antes de la fecha, en un lugar diferente , en otra moneda, en modalidades distintas a las pactadas y contenidos en la literalidad de la letra.

LA ACEPTACION

Es el acto mediante el cual, el principal responsable del pago de la letra, el girador, desciende a un segundo plano, en términos de responsabilidad, para cederle su lugar al girado, en calidad de principal obligado a partir del momento en que acepte la letra y se convierte en girado / aceptante.

REQUISITOS DE LA ACEPTACION

-Debe constar en la letra y expresarse con la palabra " acepto" u otra equivalente

-Debe aparecer la firma de quien acepto.

-La persona que solicite la aceptación debe presentar la letra en el lugar y la dirección designados en ella para tales efectos, en caso de omisión, la debe presentar en el domicilio o residencia del girado.

-El tenedor deber tener la precaución de presentar la letra para su aceptación antes de los plazos que la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, establece para cada uno de los cuatro tipos de vencimiento que reconoce

PROTESTO POR FALTA DE ACEPTACION

Acto publico cuya función es probar fehaciente que un título fue presentado para su aceptación o pago, y no fue de forma alguna aceptado o pagado, ya sea total o parcialmente, a efecto de permitir un pago o una aceptación por intervención y si no hay quienes paguen o acepten, para que los responsables de regreso queden prevenidos

En caso de que el girador no acepte la orden de pago contenida en la letra, el beneficiario debe levantar el protesto, y esto hace tanto por falta de aceptación como de pago, y se hace con el objeto de no perder la acción de regreso y no la directa, porque esta no caduca por falta de protesto.

REQUISITOS

Solo puede ser diligenciado por un notario o corredor público, y en ausencia de estos por la Primera autoridad política del lugar

Debe diligenciarse en el lugar en que se debió efectuar el pago

Sin no esta presente la persona a la que se le debe levantar el protesto, se diligenciara con sus dependientes, familiares, criados o algún vecino.

Si la causa del protesto es la falta de aceptación, debe levantarse dentro de los dos días hábiles siguientes a su presentación, pero siempre antes del vencimiento, levantado el protesto, el acreedor queda liberado e levantar protesto por falta de pago.

El protesto debe insertarse en el propio documento o en hoja adherida a el, en donde el notario, corredor o autoridad publica que lo diligencie asentara los siguientes datos.

Reproducción literal del texto del titulo
Requerimiento de pago y las razones esgrimidas por el deudo, en su negativa.
Firma de la persona que lleva la diligencia por parte del acreedor
Hora, el lugar y el día de la diligencia.

La autoridad que lo levante debe retener el Título todo el día del protesto y el siguiente, con el fin de que el obligado se pueda presentar a pagarlo o que algún tercero intervenga, en su favor, a cubrirlo.

Sino se levanta el protesto, la acción cambiaría en vía de regreso se pierde, y solamente subsiste la directa, porque para ella esta institución es innecesaria.

EL PAGO

Es la entrega de dinero que hace el girado al tenedor legitimo contra la entrega de la letra

También puede hacerse por los endosantes en caso que el principal obligado (girado) por una u otra razón no lo realiza, ya que estos también utilizaron el titulo.

Puede ser forma extrajudicial o voluntario y judicial forzoso.

4. Pagaré

Documento Literal o Titulo de valor o Instrumento Financiero, documento escrito mediante el cual una persona ( Emisor) Se compromete a pagar a otra persona (El Beneficiario) Una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada.

Los pagares pueden ser al portador o endosables es decir, que se pueden transmitir de un tercero los pagares pueden emitirlos los individuos particulares de empresas o estados.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PAGARE.

1.- Librador es quien se compromete a pagar la suma de dinero, a la vista o en una fecha futura fija o determina dable.

2.- El Beneficiario o Tenedor, es aquel cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero estipulada en el pagare

3.-El Fiador o Avalista. La persona que garantiza el pago del pagare.

REQUISITOS DEL PAGARE.

1.- La mención de ser pagare, inserta en el texto del documento

2.-La promesa incondicional de pagar una determinada de dinero

3.-El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago

4.-El lugar y la época del pago

5.-La fecha y el lugar en que se suscriba el documento

6.-La firma del suscritor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre

ACCIONES CAMBIARIAS EN EL PAGARE

DIRECTA:

Se da contra el suscriptor y el aval, si existe: prescribe en tres años, contados apartar del vencimiento

DE REGRESO:

Se ejercita en contra de los demás signatarios del pagaré para el caso de que hubiese circulado por endoso en propiedad o cesión ordinaria.

CADUCIDAD EN LA ACCCION CAMBIARIA:

Por no haberse presentado el pagaré para su pago en el lugar y dirección señalados
Por no haberse presentado en tiempo
Por no haberse levantado el protesto
Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la fecha del protesto
Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que signa a la fecha en que alguno de los obligados hubiere liquidado el pagaré
Por haber prescrito la acción directa o porque haya de prescribir dentro de los 3 meses siguientes.

La acción cambiaria de regreso en el pagaré prescribe en tres años, contados a partir de la fecha de vencimiento o de la terminación del plazo legal de presentación de los pagarés suscritos a la vista.

Las acciones causal y de enriquecimiento ilegítimo, son iguales que en la letra de cambio. Esta última acción se da contra el suscriptor en el año contado a partir de la fecha en que se extinguió la acción cambiaria contra suscriptor.

Si el pagare no menciona la fecha de su vencimiento, se considera pagadero a la vista, si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe
Los pagares exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha, la presentación sólo tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobara. Si el suscriptor omitiera la fecha de la vista podrá consignarla el tenedor.
El pagare domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliario y, a falta de domicilatario designado, al suscriptor mismo, en el lugar señalado como domicilio.
El Protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento, y su omisión cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor mismo, producirá la caducidad de las acciones que por el pagaré competan al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor
Salvo ese caso, el tenedor no esta obligado, para conservar sus acciones y derechos contra el suscriptor, ni a presentar el pagaré a su vencimiento, ni a protestarlo por falta de pago.
El importe del pagaré comprenderá los réditos caídos, el descuento del pagaré no vencido se calculara al tipo de interés pactado en este, o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal.

* El suscriptor del pagaré se considera como aceptante para todos los efectos de las disposiciones.

DIFERENCIA ENTRE LETRA DE CAMBIO Y EL PAGARE.

LETRA DE CAMBIO

Titulo Cambiario

Con 3 elementos personales (Girador, Tomador, y Beneficiario)

Es una orden de pago que implica un acción de regreso para el girador.

No Genera Intereses

PAGARÉ

Titulo Cambiario

Con 2 elementos ( Suscriptor y beneficiario) Contiene una Orden de pago que implica la obligación directa de la promesa de pago

Estipula Intereses

CLAUSULAS ADICIONALES AL PAGARE:

I.- ESTIPULACION DE INTERESES:

En el pagaré, a diferencia de la letra de cambio, sí se pueden estipular intereses, pues así lo establecen los artículos 362 del código de Comercio y el 174 de la ley general de títulos de operación de crédito

II.-PAGARE DOMICILIADO:

Es suscriptor puede indicar en el texto del pagaré, un domicilio que no sea el de él para su pago, este pagaré es denominado domiciliado.

III.- PAGARE PRENDARIO:

Es que índica en su texto la entrega de los valores o bienes muebles en garantía del cumplimiento de la obligación. Cuando la prenda consita en documentos literario nominativos, tendrán que ser endosados al beneficiario con la leyenda calor en garantía .

Si se trata de bienes muebles éstos deben de ser entregado al beneficiario, quién tendrá el carácter de depositario. En su carácter de acreedor prendario, el beneficiario de un pagaré que no sea cubierto el día de su vencimiento, tendrá el derecho de disponer de la prenda y aplicar su importe al pago de la cantidad que le adeude el suscriptor.

LAS CARACTERISTICAS DE ENDOSO, AVAL, PAGO Y PROTESTO DEL PAGARE SON IGUALES QUE EN LA LETRA DE CAMBIO.

5. Cheque

Cheque Documento literal que contiene

-Orden incondicional de pago

-Dada por una persona (Librador)

-A una Institución de crédito (Librado)

-De pagar a la vista

-A un tercero o al portador (Beneficiario), Una cantidad de dinero.

REQUISITOS PARA EL LIBRAMIENTO

-Solo se libra contra una institución de crédito

-Solo puede librar la persona que tenga celebrado un contrato de depósito de dinero a la vista en cuenta corriente de cheques, con el banco librado

-Solo se puede librar cuando el librador tenga fondos suficientes en su cuenta.

REQUISITOS DEL CHEQUE

-Mención de ser cheque insertada en el documento

-Lugar y Fecha de Expedición

-Orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero

-Nombre del librado

-Lugar del pago y

-Firma del librador.

Tipos de Cheque

CRUZADO:

Cheque nominativo cruzado en su adverso por dos líneas paralelas las cuales indican que ese cheque sólo puede ser cobrado por otra institución de crédito.

Cruzamiento General . entre líneas no se anota la denominación de ningúna institución de crédito y puede depositarse en cualquier banco.

Cruzamiento Especial. Entre líneas va el nombre de una institución de crédito y solo puede cobrarse por ésta.

PARA ABONO EN CUENTA.

Cheque nominativo en el que se anota dicha cláusula , que prohibe al banco el cheque en efectivo y solo puede recibirlo para abono en cuenta.

El cheque no es negociable a partir de la inserción de la cláusula

CERTIFICADO

El librador de un cheque nominativo le solicita al banco librado, al momento de expedir el cheque que lo certifique, declarando que existen fondos suficientes para cubrir el importe.

Es una anotación del banco en el cheque, firma o por los autorizados para ello

No es negociable, solo puede endosarse a una institución de crédito para su cobró.

DE CAJA

Instrumento de pago de mayor para beneficiario respecto a la existencia de fondos

.-solo la puede expedir una institución de crédito a su propio cargo

-Nominativo y no negociable

DE VIAJERO

Igual que un cheque nominativo. Emitido por la oficina matriz de un banco a sus propio cargo y luego es vendido por sucursales. Agencias del banco

DE VENTANILLA

Cheque de emergencia puesto al servicio de los cliente del banco

Cuando necesita retirar fondos una cuenta habiente de su cuenta y no tiene chequera la sucursal libra un cheque de ventanilla para prestarselo.

POSTFECHADOS

Se inserta una fecha posterior a la que se libra, pretendiendo acentuar al tomador que no habrá fondos si no hasta ese día que aparece en el texto.

GIRO BANCARIO

Orden de pago de sucursal a sucursal o sucursal corresponsal de pagar a una persona en otro lugar.

PLAZOS DE PRESENTACION PARA PAGO:

Dentro de 15 días apartir de su fecha si son pagaderos en el mismo lugar de expedición

Dentro de 1 mes si es expedido y pagadero en diversos lugares del territorio nacional

Dentro de 3 meses, si fue expedido en el extranjero y pagadero en territorio nacional

Dentro de 3 meses, si es expedido en territorio nacional y pagadero en el extranjero

ACCIONES DIRECTA

Contra el librador y sus avalistas
Prescribe en 6 meses contados
Desde que termine el plazo de presentación del último tenedor del docuemnto
Desde que el día siguiente en que se pague el cheque, la de los endosantes y la de los avalistas

Caduca por :

No protestar el cheque por falta de pago
No haber presentado el cheque a su cobro dentro de los plazos legales siempre y cuando se demuestre que durante el terminó hubo fondos suficientes para pagarlos.

ACCIONES DE REGRESO

Contra los endosantes anteriores del cheque y sus avalistas
Prescribe en 6 meses contador apartir
Desde que termine el plazo de presentación del último tenedor del documento
Desde el día siguiente en que se pague el cheque, la de los endosantes y la de los avalistas

Caduca por:

No protestar el cheque por falta de pago

No aber prsdentado el cheque a su cobro, No protestar el cheque por falta de pago.

A pesar e que no haya habido fondos suficientes durante los plazos de presentación

NOTA: La vía e regreso como la directa caduca.

FORMAS DE LEVANTAR EL PROTESTO EN EL CHEQUE

La simple devolución de un cheque por falta de fondos hecha por la Cámara de Compensación anexa el volante en el que se especifica la causa, hipotesis que sólo se presenta cuando el cheque se depositó en la cuenta el tomador.

La anotación hecha en el titulo por el empleado del mostrador de la sucursal en que se pretende cobrar el cheque, en el sentido de que no se paga porque la cuenta carece de fondos, situación que sólo se presenta cuando el tomador intentó el cobro en efectivo, en alguna sucursal del banco librado.

ACCIONES DE SOCIEDAD ( Obligaciones como Títulos de Crédito)

Títulos que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de una sociedad Anónima.

Finalidad : Aumento de recursos

Elementos Personales:

Sociedad

Emisora de la acción
Deudora de los derechos literales consignados en cada acción

Socios.

Deben ser más de S
Acreedores de la sociedad.

REQUISITOS

Ser nominativas
Emitirse en denominaciones de 100 pesos o sus multiplos
2 Registro Nacional de Valores e Intermediarios

LAS OBLIGACIONES DEBEN CONTENER

1.- Denominaciones. Objeto y domicilio de la sociedad

2.-Importe del capital pagado y el de su activo y pasivo

3.-Importe de la emisión

4.-Indicación del número y valor nominal de las obligaciones emitidas

5.-Tipo de interés pactado

6.-Término señalado para pagar el capital y el interés

7.-Plazos y condiciones de amortización

8.-Garantías que se constituyen para la emisión

9.-Firma del Administrador

SOCIEDADES MERCANTILES

2008-11-10T10:34:00.000-08:00

1. Concepto Y Clasificacion

I. Conceptos. Es la asociación de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con animo de obtener un beneficio individual participando en el reparto de las ganancias que se obtengan; para nuestra legislación, actualmente encuentra su origen en un contrato.

2. Clasificación de sociedades.- Nuestra ley general de sociedades mercantiles reconoce las siguientes formas de sociedades mercantiles.

a. Sociedad en nombre colectivo

b. Sociedad en comandita simple

c. Sociedad de responsabilidad limitada

d. Sociedad anónima

e. Sociedad en comandita por acciones

f. Sociedad cooperativa

2. Constitución, Administración y vigilancia

1. Contrato social.- en el articulo 2688 del código civil para distrito federal establece que por el contrario de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común este tipo de contrato es denominado por sus especiales características como contratos plurilateral o de organización y se distingue de los contratos bilaterales de cambio ( compra, venta mutuo) las manifestaciones de voluntad no son opuestas a los intereses de las partes, sino se coordinan para la realización común, no van dirigidas a proporcionar a nadie el goce de las mismas si no a fundirse entré si para proporcionar a todos los socios los beneficios. El contrato social en principio es fácilmente modificable y admite separación de algunas de sus partes y la adhesión de nuevas partes con el contrato social se reduce el nacimiento de una persona jurídica.

2. El acta constitutiva consta de los siguientes requisitos:

Nombre, nacionalidad, domicilio de la persona física o moral.
El objeto de la sociedad
Su razón social
Su duración ( máximo 99 años)
Importe del capital social
El importe de lo que cada socio aporta en dinero u otros bienes.
Domicilio de la sociedad
El nombramiento de los administradores
La forma de cómo se administra la sociedad.
La forma de cómo hacer la distribución de las utilidades o perdidas.
El monto de la reserva legal.
Los casos en la sociedad tiene que disolverse.
Formas para practicar la liquidación de la sociedad.

3. PERSONALIDAD JURÍDICA: En él articulo segundo de la ley general de sociedades mercantiles que se otorga personalidad jurídica a las sociedades mercantiles inscritas en él registró del comercio y también aquellas que se den a conocer a terceros, en él articulo 25 del código civil del DF. Se atribuye el carácter de personas morales a las sociedades mercantiles. La atribución de personalidad jurídica a las sociedades mercantiles les confiere el carácter de sujetos de derecho, los dota de capacidad jurídica de goce, por lo que son sujetos de derecho y obligaciones y pueden ejercitar todos los derechos y asumir todas las obligaciones necesarias para la finalidad de su empresa.

3. Sociedades mercantiles de hecho, irregularidades y objeto ílicito

Sociedad de Hecho: es aquella que funciona como sociedad sin haberse instrumentado. Se le aplican las leyes correspondientes a las sociedades irregulares, la responsabilidad por los actos realizados en nombre de la sociedad recae en todos los socios de manera solidaria e ilimitada. La administración recaerá sobre los socios de manera conjunta o separada. Debe regularizarse mediante la adopción de uno de los tipos previstos por la ley previo acuerdo por mayoría entre los socios. La razón social variara de acuerdo con el tipo de sociedad adoptado. Los libros obligatorios son los comunes a todas las sociedades: Diario, Inventario y Balances, Sueldos y Jornales, IVA Compras e IVA Ventas.

Sociedades irregulares.- Art. 7° LGSM.- Si el contrato social no se hubiere otorgado en escritura ante notario, pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6°, cualquier persona que figure como socio podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura correspondiente.

En caso de que la escritura social no se presentaré dentro del término de 15 días, a partir de su fecha para su inscripción en el registro público de comercio, cualquier socio podrá demandar en la vía sumaria dicho registro.

Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro de la escritura constitutiva, contraerán frente a terceros, responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones.

Sociedad de Objeto Ilícito.- Art 3° LGSM.- Las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos, serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, a petición que en todo tiempo podrá hacer cualquier persona, incluso el ministerio público, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

La liquidación se limitara a la realización del activo social para pagar las deudas de la sociedad, y el remanente se aplicara al pago de la responsabilidad civil, y en defecto de esta, a la beneficencia pública de la localidad en que la sociedad haya tenido su domicilio.

4. Reservas legales

1. El fondo de reserva significa sustraer de la distribución entre los accionistas una parte de los beneficios, para formar un fondo de previsión de posibles perdidas futuras, que evite el balance deficitario y permita el reparto de dividendos aun en años desfavorables.

Es de obligada constitución, de acuerdo a ley de sociedades mercantiles (Art. 20) tiene por objeto poner a la sociedad en condiciones de prevenir una merma o una perdida en el capital, pues con este fondo se reconstruye aquel en la cuantía en que se aminoro. La escritura y los estatutos deben establecer el monto de este fondo, según la ley debe separarse mínimo el 5 %e las utilidades liquidas anuales hasta alcanzar la quinta parte del capital social.

Cada año las sociedades deben descontar el porcentaje del caso para construir el fondo de reserva, en el caso de haberse llegado a reunir la suma pretendida, en los siguientes ejercicios se dejara de hacer el descuento y las utilidades sé distribuirán en su totalidad entre los socios.

Mas si en un ejercicio posterior se produce perdidas, se usara del fondo de reserva el monto de la pérdida y se reiniciara el procedimiento de descuento hasta alcanzar nuevamente el fondo preestablecido.

Hay casos en que resulta una perdida en los primeros ejercicios antes de que el fondo haya sido integrado en su totalidad que la perdida sea mayor al monto total del fondo de reserva. Por estos casos es que se recomienda.

Como una buena practica que en los primeros años se descuente una suma superior a la establecida por la ley.

todo acuerdo de las juntas, asambleas de socios o administradores que tienda a contrariar, las disposiciones legales sobre el fondo de reserva, se considerara nulo y si el caso fuera que los administradores no reservaran la cantidad debida o no lo hicieran en el tiempo aludido, serán responsables por dichas sumas, aunque tienen también el derecho de reclamar a quienes se hubiera distribuido la cantidad destinada al fondo de reserva, o en su defecto los socios podrán reclamar al administrador el cumplimiento de la obligación.

Reservas legales

Su formación esta impuesta por la ley, se utiliza para reforzar el patrimonio de la sociedad en beneficio mas que nada de los acreedores.

Reservas estatutarias.

Su formación es en base a los estatutos, es una manera de facilitar el reparto de los dividendos en tiempos de crisis, así como también es un mecanismo para incrementar el valor de las acciones en el mercado, sea también para posibles necesidades futuras: fondo de ampliación, fondo de renovación, etc.

Reservas tacitas:

Aquellas que no tienen expresión contable en el balance y se originan por el hecho de una valoración por debajo de la realidad de los asientos de la cuenta activa o de una excesiva valoración de los asientos de la cuenta pasiva.

5. Utilidades repartibles

Generalmente los socios persiguen con la constitución de la sociedad t a través de la realización de su finalidad, obtener un lucro, utilidad. También el ejercicio de dichas actividades pueden originar perdidas.

Las utilidades y las perdidas de la sociedad deben distribuirse entre los socios, según lo establecido en la acta constitutiva o en su defecto en las siguientes reglas contenidas en el articulo 16 de la LSM, la distribución de las ganancias o perdidas serán distribuidas de manera proporcional a sus aportaciones entre los socios capitalistas.

Se les denomina socios capitalistas a los que aportan bienes o dinero, socios industriales los que aportan su trabajo estos últimos recibirán la mitad de las utilidades y son varios esa mitad se divide en partes iguales estos socios no reportan perdida.

En lo que respecta al reparto de utilidades solo podrá hacerse después de cada balance y que en realidad las refleje, en tal forma que las que se distribuyan no podrán exceder del monto de las que realmente hubieran obtenido. El pacto en contrario no produce efecto legal alguno, y tanto la sociedad con sus acreedores, podrán repetir, por los anticipos o entregas de utilidades realizadas contraviniendo el principio expuesto , contra cualquiera de las personas que las hubiera recibido o exigir su reembolso a los administradores que las haya pagado, siendo aquellas y estos solidariamente responsables.

En ningún caso podrán repartirse utilidades en caso que hubiere perdida del capital social, a no ser que este sea reducido con anterioridad

6. Disolución y Liquidación de las Sociedades Mercantiles

La disolución de las sociedades mercantiles se puede dar bajo las siguientes causas:

I. Por el término vencido

II. Por acuerdo de socios

III. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto

IV. Por haber cumplido su objetivo

También puede haber 2 formas de disoluciones:

I.Disolución parcial: cuando el socio deja la sociedad

II.Disolución total: cuando se decide disolver la sociedad

Liquidación: Es cuando desaparece la persona moral y Surgen las liquidaciones, esto para encargarse de realizare las cosas que haya dejado pendiente la sociedad y para repartir las utilidades. Los liquidadores se nombran por acuerdo de los socios y se deben inscribir en el registro publico de comercio siendo sus facultades las siguientes:

I.Concluir operaciones sociales de la sociedad

II.Cobrar lo que se debe a la sociedad y pagar lo que ella debe

III.Vender los bienes de la sociedad

IV.Liquidar a cada socio su haber social

7. Fusion y Transformación de las sociedades mercantiles

La fusión consiste en la unión jurídica de varias organizaciones sociales que se compenetran recíprocamente para que una organización jurídicamente unitaria, sustituya a una pluralidad de organizaciones.

Clases de fusión : la fusión por integración, que implica la creación de una nueva sociedad y la desaparición de todas las anteriores que se integran en la nueva, y la fusión por incorporación en la que una o varias sociedades se incorporan a la que subsiste.

Motivos que inducen a la fusión: se pueden clasificar en técnicos, económicos, financieros y legales. Técnicos son aquellos que se refieren a la necesidades de complementar las actividades de ciertas empresas. Económicos lo relativos a la supresión de la concurrencia y los demás similares. Financieros los que dependen de la identidad de capitales y de intereses. Legales aquellos que impone la ley como consecuencia de la relación que guardan entre ellas determinadas empresas.

Naturaleza jurídica del acuerdo de fusión: para poder precisar con exactitud la naturaleza jurídica de este acuerdo, debe descomponerse en dos actos no iguales:

El acuerdo de fusión, adoptado por cada una de las sociedades que han de fusionarse, desaparezcan o no y el contrato de fusión propiamente dicho, en la que cada una de las sociedades que han de fusionarse, establecerá las bases de la fusión, formulando su voluntad por un conducto de sus representantes y con bases en el acuerdo social previamente adoptado.

Por lo tanto el acuerdo de fusión debe ser adoptado por cada sociedad, según la forma que le sea propia, la fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas, en la forma y términos que corresponda, según su naturaleza. Por lo que se refiere al contrato de fusión en si, por integración es indudablemente un contrato de sociedad.

Proceso de fusión: este proceso inicia de la adopción del acuerdo correspondiente por cada una de las sociedades, este acuerdo se debe tomar según la clase de sociedad.

El siguiente paso es la publicación de los acuerdos correspondientes al articulo 223 de la ley general de sociedades mercantiles la cual regula los acuerdos sobre lo anterior y se inscriban en el registro publico de comercio . de lo anterior cada sociedad deberá publicar su ultimo balance, y aquella que dejen de existir deberán publicar además el sistema establecido para la extensión de su pasivo.

Partes y formas del contrato de fusión: el contrato lo pueden realizar cualquier clase de sociedades mercantiles. Para lo anterior se requiere escritura publica.

A continuación mencionaremos los efectos del acuerdo los cuales son considerados des el punto de vista de los socios que componen las sociedades afectadas y desde los acreedores.

En cuanto a socios: cuando son sociedades fusionadas como la sociedad absorbente, el efecto es la forma que adopta el derecho de defensa de cada socio contra una medida tan extraordinaria. Esto consiste en el derecho de veto en aquellas que requieren unanimidad de las modificaciones estatutarias.

En cuanto a acreedores: el efecto de los acreedores puede significar hasta la perdida total del adeudo, por desaparecer las garantías de la sociedad.

Fusión es cuando hay una sociedad con bastante capital económico y se junta con otras y forman un bloque muy fuerte económicamente y se lo dan a otra sociedad en quiebra, desapareciéndola en su totalidad.

La transformación se llega a dar en el momento que una sociedad cambia el giro a que normalmente se dedica o su actividad comercial, otra causa es cuando cambia su capital con el que se inicio la sociedad.

8. Consolidacion y escisión de las sociedades mercantiles

La escisión es una figura jurídica introducida en la LSM a partir de las reformas publicadas en el diario oficial del 11 de junio de 1992, igual que la fusion la escisión puede caracterizarse como un fenómeno moderno, manifestación de la concentración de empresas destacando su nula regulación en el derecho mercantil mexicano, hasta antes de las reformas mencionadas, puede decirse que la escisión es un tipo especial de disolución de las sociedades, pero no provoca necesariamente la extinción.

Ln la ley de sociedades mercantiles (LSM) se define a la escisión como el que se da cuando una sociedad denominada “escíndete” decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o mas partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas “escindidas”, o cuando la escíndete, sin extinguirse aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otras sociedades de nueva creación.

La escisión solo podrá acordarse por la mayoría exigida para la modificación del contrato social, por resolución de la asamblea de accionistas o socio u órgano equivalente, debiendo estar totalmente pagadas las acciones o partes sociales de la sociedad que se extinga.

La resolución que se apruebe la escisión contendrá

I.Descripción de la forma, plazos y mecanismos en que se transferirán los diversos conceptos de activo, pasivo y capital.

II.La descripción de las partes del activo, pasivo y capital que corresponda a cada sociedad escindida

III.Los estados financieros de la sociedad escíndete

IV.Determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión esta escindida.

V.Los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas.

9. Sociedad Anonima

Es la que existe bajo una denominación y su capital esta dividido en acciones, se compone de socios que únicamente están obligados al pago de sus acciones.

Denominación es el nombre de la empresa que se formara libremente, pero deberá ser diferente al de cualquiera otra sociedad ira siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de las abreviaturas S.A.,

Características. a) Que existe bajo una denominación que deberá ser diferente a otra sociedad, b) se compone de socios llamados accionistas que únicamente responden por el pago de sus acciones, c) el capital social esta dividido en acciones, d) las acciones son títulos negociables ya sean nominativos o al portador.

Requisitos. 1.- El número mínimo de socios para constituir una sociedad anónima deberá ser de cinco socios 2.- el capital social en el momento de constituirse la sociedad tendrá que ser, cuando menos $ 25,000.00, 3.- la sociedad anónima puede constituirse de dos formas o procedimientos: por suscripción privada o simultanea y por suscripción publica o sucesiva.

Por suscripción privada, llamada también suscripción simultanea o instantánea, es cuando se constituye mediante la comparación de los socios ante un notario publico para el otorgamiento de la escritura social, procediéndose posteriormente a su inscripción en el registro publico del comercio quedando así constituida la sociedad.

Por suscripción publica o constitución sucesiva es cuando los promotores se encargan de poner a la venta las acciones, para que el público inversionista las adquiera en la institución de crédito, constituyendo en esta forma el capital social a medida que se van venciendo las acciones.

El plazo para constituir el capital de la sociedad en esta forma es de un año.

Las acciones. Son documentos o títulos que representan cada una de las partes en que se divide el capital social, deberá ser de igual valor, generalmente de $ 100.00. O múltiplos de esta cantidad. Son títulos de crédito negociables y pueden ser al portador o nominativos

1. Sociedad de Responsabilidad Limitada

Es la que existe bajo una denominación o bajo una razón social formada con los nombres de uno o más socios que únicamente responden por el importe de sus aportaciones, estando el capital representado por partes sociales no negociables.

Características. a) Que existe indistintamente ya sea bajo una denominación o bajo una razón social, b) La responsabilidad de los socios es limitada el pago de sus aportaciones, c) el capital se divide en títulos llamados partes sociales y estas son individuales, es decir, que se entrega una a cada socio por el importe de sus aportaciones, d) las partes sociales no son títulos negociables, e) la razón social forma con los nombres de uno o de varios socios, y la denominación es también el nombre de la empresa que casi siempre indica la actividad o giro de la negociación, f) el nombre de la sociedad ya sea razón social o denominación ira seguida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o de sus abreviaturas S. De R.L.,

11. Sociedades Cooperativas

Las sociedades cooperativas se forman con personas de clase trabajadora, cuyo número de socios no deberá ser menor de diez y su capital es variable, no persigue el propósito de lucro.

La finalidad de las sociedades cooperativas es procurar el mejoramiento social y económico de sus miembros, en caso de que llegaran a obtener utilidades, éstas se repartirán en proporción al tiempo trabajado o al importe de las operaciones realizadas por los trabajadores.

Existen dos clases de sociedades cooperativas: las cooperativas de productores y las cooperativas de consumidores.

1.-Cooperativas de productores. Las sociedades cooperativas de productores, son las que se constituyen con el fin de trabajar en la producción o fabricación de mercancías o prestación de servicios al público, sus miembros no están asalariados, sino que se reparten los beneficios obtenidos en proporción al tiempo trabajado por cada uno; en casos especiales si existen personas que trabajan a sueldo, cuando se trata del desempeño de labores técnicas o administrativas. Estos empleados podrán ser considerados como socios si así lo desean, después de 6 meses de prestar sus servicios y, además, de la entrega del importe que les corresponde por concepto de su aportación de capital, por este valor se les entrega, a cada uno de los cooperativistas, un certificado de aportación.

2.-Cooperativas de consumo o de consumidores. Las cooperativas de consumo son las que constituyen los miembros de sindicatos con el fin de obtener provisiones o servicios para ellos, su familia o para sus actividades de trabajo, a un precio más bajo que en el mercado.

Las cooperativas de consumidores únicamente pueden realizar operaciones con sus asociados, y los beneficios y utilidades que la cooperativa llegara a obtener, se repartirán entre los cooperativistas en proporción al importe de las operaciones efectuadas por cada uno de ellos.

La sociedad cooperativa se rige por una legislación especial que es la ley general de sociedades cooperativas.

Las características. a) Existen bajo una denominación social, b) lo constituyen personas de clase trabajadora, c) los derechos y obligaciones de los socios son iguales, d) l número de socios nunca podrá ser menor de diez, por lo tanto su número es ilimitado, e) siempre son de capital variable, f) nunca podrá tener fines de lucro, g) la duración de la sociedad será indefinida, g) la distribución de las utilidades será en proporción al tiempo trabajado para cada socio (en caso de las cooperativas de producción), cuando se trate de cooperativas de consumo será en razón de las operaciones realizadas.

La asociación en participación. La asociación en participación no es una sociedad mercantil ni tampoco una asociación civil. No es una persona jurídica o moral, por lo tanto carece de personalidad jurídica propia.

La asociación en participación es un contrato por el cual una persona llamada asociante, concede a otras, que le aportan bienes o servicios, llamadas asociadas, una participación en las utilidades y en las perdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio.

El asociante es la persona que dirige y administra las operaciones y los asociados son quienes únicamente participan de los resultados de dichas operaciones.

El contrato de asociación en participación deberá hacerse por escrito, aunque no sea necesario que se inscriba en el registro público de comercio. Este contrato podrá celebrarse entre personas físicas o entre personas físicas y personas morales.

La asociación en participación funciona, se disuelve y liquida de acuerdo a lo estipulado en el contrato correspondiente y a falta de estipulación expresa en dicho contrato, todo se hará conforme a lo establecido para la sociedad en nombre colectivo en cuanto a su disolución y liquidación.

12. Franquicia

Franquicia es, desde el punto de vista técnico, un modo de distribución o de comercialización de un determinado producto o servicio, en el que intervienen dos partes:

-La poseedora de la marca y de un gerenciamiento prefijado: el franquiciante

-La interesada en comprarlos: el franquiciado

Ambas partes firman un contrato, por el cual se establecen ciertas obligaciones:

El franquiciante se encuentra en la obligación de:

Ceder el uso de la marca

Transferir el knoe how a través del entrenamiento y los manuales de operación y

Brindar asistencia permanente

Por su parte, el franquiciado tiene la obligación de:

Cumplir con los estandares de calidad y operación de:

Entrenarse

Dar u buen uso a la marca y

Abonar el derecho inicial y, si corresponde, las regalías.

Pueden diferenciarse dos tipos de franquicia:

“Franquicia de Marca Comercial y Producto”

Es aquella en la que el franquiciante concede al franquiciado el dereho de usar marca comercial o nombre comercial y vender su producto. Este sistema se asemeja a los contratos de concesión y de distribución y son ejemplos de ella la venta de automóviles y las embotelladoras de bebidas livianas.

“Franquicia Empresarial”.

Es aquella en la que el franquiciante concede al franquiciado el derecho de usar marca o nombre comercial, de distribuir el producto o brindar el servicio y asistirlo en todos los otros aspectos inherentes al negocio.

Elementos básicos de una Franquicia

Los cuatro elementos básicos que determinan si un negocio es una franquicia y que han servido para tomar decisiones al respecto cuando se han necesitado, son:

Utilización de una marca o nombre registrado

Pago de derechos o regalías

Suministro de servicios

Propiedad diferente

Los nombre y marcas registradas son un activo muy importante de las empresas franquiciadoras. Ella lo otorga o cede al franquiciado bajo determinadas condiciones, las cuales deben ser respetadas.

Ese otorgamiento de uso debe ser mediante el pago de derechos o regalías. Ese pago puede ser una cantidad de entrada, unas regalías pagaderas mensualmente, ciertas aportaciones para publicidad, o cualquier otro pago establecido contractualmente.

El suministro de servicios es el tercer elemento básico, entonces, proporcionar ayuda publicitaria, capacitar a los dueños y trabajadores de los negocios nuevos franquiciados u otorgar áreas de mercado en exclusividad, se consideran servicios importantes.

El cuatro elemento es sobre la propiedad. Esta debe ser diferente; cada franquiciado es dueño de su negocio.

Corretaje

Se llama corredor a la persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación.
El corredor tendrá derecho a la remuneración estipulada, a falta de estipulación a la usual y, en su defecto, a la que se fije por peritos. Salvo estipulación en contrario, la remuneración del corredor será pagada por las partes, por partes iguales, y la del corredor de seguros por el asegurador. El corredor tendrá derecho a su remuneración en todos los casos en que haya celebrado el negocio en que intervengan. Cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores, la remuneración se distribuirá entre ellos por partes iguales, salvo pacto en contrario.
A menos que se estipule otra cosa, el corredor tendrá derecho a que se le abonen las expensas que haya hecho por causa de la gestión encomendada o aceptada, aunque el negocio no se haya celebrado. Cada parte abonará las expensas que le correspondan.
El corredor deberá comunicar a las partes todas las circunstancias conocidas por él, que en alguna forma puedan influir en la celebración del negocio.

Los corredores están obligados además a:

1º a conservar las muestras de las mercancías vendidas sobre muestra, mientras subsista la controversia.
2º A llevar en sus libros una relación de todos y cada uno de los negocios en que intervengan con indicación del nombre y domicilio de las partes que lo celebren, de la fecha y cuantía de los mismos o del precio de los bienes sobre que versen, de la descripción de estos y de la remuneración obtenida.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO MERCANTIL

2008-11-10T10:32:00.003-08:00

1. Importancia del derecho mercantil

Hace muchos años el comercio no existía porque tampoco existía el dinero; sin embargo, las necesidades más apremiantes como son la alimentación, el vestido y la habitación, si existían en los seres humanos, por lo tanto la falta de dinero como medio de cambio, y la falta de mercados, en donde abastecerse de productos, dieron por resultados que las personas empezaran a cambiar entre sí unos bienes por otros dando lugar así a la operación llamada “trueque”.

Actualmente una operación trueque es cuando se adquiere la propiedad de un bien y se entrega otro en pago de su valor, o cuando más de la mitad del valor del bien adquirido se paga mediante la entrega de otro bien y la menor parte se paga en efectivo.

Según constancias que existen de la antigüedad fueron los Persas, Hebreos, Hindúes, Árabes, Fenicios, Griegos y Romanos, los que destacaron en la practica de actividades comerciales.

Los Persas impulsaron notablemente el comercio en Asia, establecieron vías de comunicación más seguras hacia los mercados que iban conquistando.
Los fenicios se caracterizaron por la instalación de fábricas y acondicionamientos de puertos marítimos, reglamentaron la actividad comercial mediante tratados que originaron a la celebración de las operaciones a crédito tan usuales en nuestro tiempo.
Los griegos quienes comenzaron a generalizar el uso de la moneda acuñada para facilitar la realización de las transacciones comerciales
Los Romanos caracterizado por sus conocimientos y organización del Derecho, alcanzaron una legislación destacada en la rama del Derecho Mercantil, siendo los precursores de las instalaciones de ferias y mercados, sistema que ha perdurado hasta la época actual.

En el descubrimiento de América, el comercio Europeo tomó gran auge, ya que los navegantes españoles, Holandeses y portugueses, abrieron rutas marítimas desde Europa hasta el continente Americano siendo Francia en donde se redacto la primera Legislación Mercantil en 1673 durante la monarquía de Luis XIV aunque estaba incorporada al derecho Civil.

Actualmente el Derecho Mercantil constituye una rama independiente con sustantividad propia que es el comercio.

El derecho mercantil tuvo origen “consuetudinario”, las formas o costumbre como se celebraban los actos de comercio, así como su repetición dieron lugar a la formación de leyes mercantiles.

Definición de derecho mercantil

Es una rama del derecho privado que tiene por objeto regular las relaciones de los particulares como comerciante y de aquellas personas que sin ser comerciantes, ejecutan actos de comercio; además de reglamentar los actos de comercio.

Las fuentes del derecho mercantil

2. Fuentes Generales y especiales del derecho mercantil

Las fuentes formales del Derecho son aquellos procedimientos o medios que sirven para concretar la norma jurídica y señalar su fuerza obligatoria.

FUENTES FORMALES

La Ley. La ley es fuente del Derecho en virtud de que al elaborarse una norma jurídica se consultan todas aquellas que ya existen; y se entiende por ley, la norma de conducta social directamente emanada del poder legislativo, con la aprobación y sanción del poder ejecutivo, mediante la promulgación respectiva. La ley cuando no es vigente no es propiamente una fuente, sino el derecho mismo.

Los usos o costumbres mercantiles. Desde el punto de vista gramatical, la costumbre se define como “las practicas repetidas que han adquirido fuerza de ley”, concepto que coincide con el jurídico desde el momento que en derecho la costumbre se define como “un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta jurídicamente obligatorio”.

La costumbre jurídica estará constituida por lo tanto por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos prolongado, a las que los individuos que las practican reconocen obligatoriedad como si se tratara de una ley.

La jurisprudencia. Burgoa, en su libro El Juicio de Amparo, nos dice que “la jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y consideraciones jurídicas uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de Derecho especiales y determinados que surgen en un cierto numero de casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley.

Nuestra Ley actual de Amparo en su artículo 193 bis y en su segundo apartado nos dice: “Las ejecutorias de las Salas de la Suprema Corte de Justicia constituyen jurisprudencia, siempre que lo resulto en ellas se encuentre en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por cuatro Ministros.”

La Jurisprudencia viene a integrar una fuente más del derecho en vista de que es consultada antes de elaborar la norma de conducta social, a fin de que posteriormente no se encuentre en contraposición.

Es toda actividad o acto jurídico que quede dentro del campo del Derecho Mercantil, ejemplos: una compra, una venta, la celebración de un contrato mercantil, firmar documentos de los llamados títulos de crédito, y en general todas la operaciones que diariamente efectúan los comerciantes.

Se consideran comerciantes todas las personas que teniendo capacidad legal, se dedican en forma habitual al comercio, también se catalogan comerciantes las sociedades constituidas de acuerdo con las leyes mercantiles, o sean, Las Sociedades Mercantiles.

El comercio lo pueden ejercer las Personas Físicas y las Personas Jurídicas o Morales, siempre que tengan capacidad legal par hacerlo.

3. Concepto y clase de comerciante

Concepto de comercio. “El comercio es una actividad de intercambio y aproximación con propósito de lucro.”

Lucro que significa ganancia o utilidad, el comercio abarca la actividad de aproximación o intermediación con propósito de lucro, actividad que realiza en forma habitual o profesional las personas o instituciones llamadas comerciantes y mediante esta labor el consumidor esta dispuesto a pagar al comerciante el valor del producto mas una ganancia por el servicio prestado por el intermediario.

La legislación mercantil enumera la serie de actos de comercio que llevan el propósito de lucro y que forman, en conjunto, l que se llama comercio, y las persona o sociedades mercantiles que se dedican en forma constante y habitual a la celebración de estos actos recibe el nombre de COMERCIANTES.

El primer código de México fue el código de “Lares” redactado por Teodosio Lares en 1854 y fue sustituido en 1890 y consta con 1091 Artículos.

El código de comercio reconoce como comerciantes a las personas o instituciones que a continuación se mencionan:

Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio de manera ordinaria y habitual.
Las sociedades constituidas con arreglos a las leyes mercantiles, (sociedades mercantiles).
Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas que, dentro del territorio nacional, realicen actos de comercio.